Las impugnaciones en los contratos públicos y la implementación de una unidad especializada que las analice

Abstract

La Administración Pública para la consecución de sus fines, entre otras actividades debe efectuar actos contractuales, a fin de contratar obras, bienes o servicios que aseguren el bienestar de la colectividad. Con ese propósito, los actos preparatorios y precontractuales son los establecidos en las leyes y reglamentos vigentes, observando todos los procedimientos, con apego al principio de legalidad. La adjudicación de una obra pública, surge como una exigencia de la buena administración, una condición de moralidad y también una oportunidad para que el oferente, que acredite las mejores condiciones en la oferta, así como en los requerimientos técnicos-económicos y demás prerrogativas exigidas por la entidad contratante, sea adjudicatario del contrato a licitarse. Nuestra legislación en materia de contratación pública ha sufrido un cambio profundo con la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y la implementación del portal de compras públicas, lo que ha modernizado la Contratación Pública en el Ecuador. Si bien es cierto la contratación pública en nuestro país se ha visto envuelta en innumerables casos de corrupción, en donde los contratos se adjudican a dedo, sin un análisis exhaustivo de los oferentes adjudicatarios, e inclusive con claros y notables indicios de sobre precio, perjudicando de esta manera al Estado y contraviniendo los objetivos de la contratación pública, en cuyo espíritu pretende adjudicar una obra o contrato, a aquel oferente que determine las mejores condiciones tanto técnicas, económicas y contractuales en favor del Estado, proceso de adjudicación que debe desarrollarse con total transparencia, procurando contratar obras, adquirir bienes o servicios de calidad a menor precio, siempre con apego al principio de legalidad y observancia de los cuerpos normativos pertinentes. Aunque la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone y regula el procedimiento para realizar una impugnación o reclamación en sede administrativa, salvaguardando además el derecho que tiene el oferente a recurrir a la instancia judicial pertinente; son muy pocos los casos que estos impugnan o reclaman, ya sea en sede administrativa o judicial, de acuerdo a las causas establecidas en la ley antes mencionada; puesto que consideran que al realizar un reclamación en sede administrativa no obtendrán ningún resultado ya que existe conflicto de intereses entre la autoridad que ya emitió su criterio al declarar ganador a un oferente en forma indebida, lo que genera duda sobre su imparcialidad; y el impugnar el acto en proceso contencioso administrativo implica el transcurso extenso de tiempo, prefiriendo dejar 4 las cosas de esa manera ya que igualmente consideran que no servirá de nada y más bien será una pérdida de tiempo. Ante esta problemática es necesario reflexionar y procurar lograr soluciones a corto plazo, para que la inversión pública sea eficiente, y se reduzcan y eliminen los casos de corrupción en la adjudicación de contratos públicos; mediante la implantación de reformas legales en donde se establezca, que, quien resuelva las impugnaciones en sede administrativa sea un organismo independiente de quien realice el trámite precontractual para de esta forma no exista conflictos de intereses, favoritismos, amarres, en si evitar toda clase de irregularidad tendiente a perjudicar al Estado y a los administrados.