Oposición a los principios para el ejercicio de los derechos constitucionales y los requisitos para ocupar un puesto en el servicio público

Abstract

La tesis realizada bajo el título “OPOSICION A LOS PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LOS REQUISITOS PARA OCUPAR UN PUESTO EN EL SERVICIO PÚBLICO”, expone de una manera critica la vulneración de derechos y principios constitucionales que son fundamentales para las personas y sus derechos. La Constitución de la República del Ecuador vigente en su artículo 11 consagra que él ejercicio de los derechos se regirá por varios principios entre los que debemos destacar el siguiente “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La Ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. Mas en el Artículo 10 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece prohibiciones especiales para el desempeño de un cargo, función, o dignidad en el sector público es así que textualmente dice “Las personas contra quien se 3 hubiese dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de: peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, y, en general quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones en contra de las instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño bajo cualquier modalidad de un cargo, función o dignidad en el servicio público”, así como los numerales 1 y 2 del artículo 3 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público donde se dispone presentar una certificación en la que conste que el postulante no ha sido sentenciado por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, y, en general quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones en contra de las instituciones del Estado. La aplicación de estos requisitos por parte de las personas encargadas de las Instituciones Públicas están causando perjuicio a la ciudadanía ecuatoriana por el hecho de que no es justo que una persona sea discriminado e impedido de ingresar al Servicio Público por el cometimiento de delitos de cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento ilícito y en general, por defraudación y mal manejo de fondos y bienes públicos; y de no haber sido condenado por: delitos aduaneros, tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación, lo que atenta claramente con uno de los principios para el ejercicio en el cual se establece que ninguna persona será discriminada por su pasado judicial. Por esta situación es importante y conveniente una indagación Socio Jurídica de dicha problemática con la finalidad de arribar a medidas eficaces de resolución de la misma.