Necesidad de agregar una disposición en el libro ii, título iii capítulo i, del código penal en relación a los delitos de rebelión contra funcionarios públicos, para penalizar a juezas y jueces, fiscales y autoridades administrativas, la no acatación al principio de supremacía y jerarquía en la aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional

Abstract

El principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional por parte del Estado, su delegatarios, concesionarios y toda persona que actué en ejercicio de una potestad pública en nuestro país tiene que ir del malestar común al bienestar general por que el derecho como justicia exige la actualización de todo funcionario y servidor público el cumplimiento de estos principios constitucionales y la adecuación idónea de todos los medios para el tiempo en que vivimos, la transformación social, política y constitucional que vive hoy el Estado Ecuatoriano, ha motivado la transformación de la administración de la Justicia desde su estructura y forma, para ello, el mismo Estado se ha convertido en su garante por la voluntad del soberano con la aprobación de la Constitución de la República vigente, toda esta transformación del Ecuador de hoy como Estado, actualizando no solo la norma de acuerdo a la evolución social sino que le ha consignado mediante la norma constitucional al ciudadano los valores y dignidad que tiene que poseer todo ser humano. Luigi Ferrajoli, en Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, manifiesta “que los derechos fundamentales son indisponibles”1 y el mismo autor refiriéndose a la indisponibilidad pasiva recalca que los derechos fundamentales, “no son expropiables o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado”.2 1 FERRAJOLI, Luigi, “Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales”, cuarta edición 2009, Editorial Trotta, Pág. 32. 2 Ibídem. 3 La Constitución de la República, es un contrato, social, político, escrito y Soberano del Estado y sus Organismos para con los administrados, y por ende como contrato crea derechos y obligaciones entre la administración y los administrados y es donde nace la obligación y responsabilidad del mismo Estado, su delegatarios, concesionarios y toda persona que actué en ejercicio de una potestad estatal de “ACATAR EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA Y APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL”3, conforme lo prescribe el Código Orgánico de la Función Judicial, como principios rectores y disposiciones fundamentales. La Constitución de la República es la ley de las leyes de todo el sistema jurídico nacional, la Constitución de la República es el ADN de la seguridad jurídica nacional y es el Pacto de Pactos entre el Estado y la Sociedad, y si a este ejercicio lo denominamos Democracia en nuestro país. Es nuestro deber y responsabilidad alimentar con mayor energía moral este nuevo proceso de cambio social como eje de un Neo Constitucionalismo Transformador en defensa no solamente del Pro ser Humano, sino también de la misma naturaleza; porque la existencia del hombre se encarna y se origina en la misma naturaleza, donde nace y termina el ciclo evolutivo de la vida misma, el primer bien jurídico protegido por la Constitución y los Instrumentos Internacionales. 3 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 5 4 También es importante recalcar que no es suficiente renovar la estructura física en general sino que lo más importante es reestructurar la maquina cerebral o sea una nueva restructuración mental de todas las funcionarias y todos los funcionarios y servidores que estén en relación directa o indirectamente con la aplicación de los Principios Constitucionales. Por lo que implica una nueva formación integral del funcionario y servidor público, de probidad y valores éticos y principios morales para poder garantizar los Derechos y Garantías establecidos en la Constitución y así poder sepultar el clima de desconfianza en que se vive por esa inseguridad jurídica dada por parte de las Autoridades Judiciales y Administrativas de las llamadas funciones del Estado. Para entender mejor el estudio y análisis jurídico del Delito de Rebelión, tema del presente trabajo jurídico de mi tesis de grado, me pregunto ¿Cometen Delito de Rebelión las Juezas, Jueces, Fiscales y toda Autoridad Administrativa que en uso de una Potestad Estatal, no respeten la Supremacía y la Aplicabilidad Directa e Inmediata de la Norma Constitucional? Al respecto observemos lo que manifiesta la Constitución vigente de nuestro país, Norma Suprema a la que todo Funcionario o servidor público tiene que sujetarse. Primero, en el caso de los deberes, obligaciones y responsabilidades que impone la Constitución vigente a todo funcionario y autoridad pública que en uso de la potestad estatal tiene que cumplir y acatar, conforme lo dice el Art. 1.-“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 5 laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”4. Además es digno de anotar que, los deberes primordiales del Estado son: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”5. Y son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: “Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento”6. Mientras que las atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley son: 4 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 1 5Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 3 6 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 83 Numeral 1 6 “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. “Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración”7. Y “…no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”8 “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”9. “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”10. 7Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 147 8 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 169 9Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 226 10 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 227 7 ”Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos…”11 “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”12. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: “La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos...”13 Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. 11 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 233 12 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 424 13 Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 425 8 Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. “Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos”14. Estas son las normas constitucionales que determinan deberes a todas y todos los ecuatorianos como personas y crea obligaciones y responsabilidades a todas y todos los servidores, funcionarios públicos y autoridades administrativas que actúan en base a una potestad estatal y que de forma vertical e imperativa tienen que someterse y cumplir lo que la Constitución de la República, las leyes y las decisiones legítimas que toda autoridad competente emane. Al respecto conforme lo determina la norma constitucional y todas las leyes que por supuesto son positivas; y el incumplimiento o el desacato a la misma norma por parte de cualquier persona o cuando atenta contra un bien 14Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 426 9 jurídico protegido por parte del Estado de una u otra forma ha atentado no solo contra el bien jurídico protegido sino contra el derecho de otra persona, bien o derecho protegido por el Estado mismo, de lo que el mismo Estado coercitivamente sanciona y castiga a quien haya violado el contrato social y soberano. Ahora en relación a quienes ejercen servicio y función pública dada en base a una potestad estatal, potestad estatal que nace del contrato social soberano escrito mediante la Constitución de la República y en la que este mismo cuerpo legal a más de imponer a todas y todos los funcionarios públicos los deberes, obligaciones y responsabilidades, por medio de ellos, la misma Constitución garantiza a sus administrados Derechos y Garantías establecidos en ella misma y como están determinados en los “Principios de Aplicación de los derechos” contemplados en los Arts. 10 y 11 de la Norma Constitucional vigente. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluye todas las garantías básicas contempladas en el Art. 76 de la Constitución vigente de nuestro país. Al menos la Constitución de la República en su parte Dogmática considera los Derechos y Garantías para todos sus administrados y de la misma forma 10 verticalmente impone el desarrollo y cumplimiento a todos sus Funcionarios y Autoridades y a quienes ejercen potestad estatal el cumplimiento inmediato. Determinando para aquellos que no cumplan tales disposiciones como sanciones administrativas, civiles y penales. La Doctrina dominante y contemporánea, sugiere qué en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia como el nuestro, se debería desarrollar siempre una visión de un nuevo modelo de Estado en relación al Neo Constitucionalismo transformador, garantizando por medio de una vocación irrenunciable de todos sus entes que de una u otra forma en base a una potestad estatal ejercen la función de representación del Estado en la aplicación de los Derechos y Garantías establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Porque Autoridad o Funcionario que no acate tales disposiciones constitucionales no solo que no cumple su deber de respetar y hacer respetar la Constitución y las Leyes; sino que atenta contra la seguridad Jurídica establecida en el País y los Derechos Fundamentales, actos y hechos que bien pueden ser considerados como delitos de Rebelión, porque, además atenta contra la seguridad interna de la Nación y ponen en riesgo el sistema de justicia y administración establecido en el país. El Ecuador como un país con visión constitucionalista y transformador de la Región y con sus objetivos de modernización en materia de Derechos y 11 Garantías Constitucionales, y en derechos Fundamentales para sus administrados, tiene que precautelar la aplicación de los Principios Constitucionales y así reprimir la piedra angular del derecho neoliberal por parte del Estado y de los grupos del Poder (llamados regímenes democráticos). Pero como el Derecho Penal es una Ciencia Jurídica tanto Objetiva como Subjetiva y el “IUS PUNIENDI” que es la parte coercitiva que ejerce y tiene el Estado para sancionar y hacer prevalecer la Constitución y las Leyes en beneficio de todos sus administrados con el objetivo de garantizar y proteger por medio de la Ley; a todos, los bienes jurídicos reconocidos tanto por la Constitución de la República y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Que en Doctrina se conoce como “NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE”15, por lo que nadie puede ser penado sin una ley y un procedimiento previo. Por lo que es deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales; ya que, “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”, según lo dispone el numeral 9 del art. 11 de la norma constitucional. La Constitución de la República, el Código Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial, establecen principios y normas fundamentales a seguir; y la Legislación Penal que es la encargada de tipificar la infracción penal que en 15 Diccionario Jurídico Latino, Ámbar, primera edición, p 380 12 Doctrina se conoce como “NULLUM POENA SIN EL EJE PREVIA”16, nadie puede ser reprimido sin Ley previa. Por lo que tiene que ser tipificado dentro del cuerpo legal expresamente como delito de rebelión a todas las Juezas y Jueces, Fiscales y Autoridades Administrativas que no acaten los Principios de Supremacía y Aplicabilidad Directa e Inmediata de la Norma Constitucional, por ser un delito que atenta contra la seguridad Interna y Jurídica del Estado, conforme lo manifiesta el Jurista Español VAZQUEZ IRUZUBIETA, a la rebelión dentro del campo jurídico y administrativo como un “delito que se comete con dolo específico para impedir el cumplimiento del ordenamiento jurídico, y lo que se impide ha de ser la aplicación de las leyes o que cualquier autoridad, funcionario o corporación oficial ejerza sus funciones o se cumplan las resoluciones administrativas o judiciales, lo que indica que el alzamiento público y tumultuario tiende a interferir en el normal desenvolvimiento de las instituciones públicas, impidiendo la actividad legítima de los funcionarios que las ponen en marcha”17. Las negritas son mías. 16 Ibídem 17 Diccionario Jurídico Electrónico Espasa.