Necesidad de establecer la venta de las cosas que no estén en el comercio humano por expresa voluntad de los contratantes, como enajenacion con objeto ilícito

Abstract

El Código Civil en su Art. 1480, establece el tipo de enajenaciones en las que existe objeto ilícito, más sucede que en la actualidad la prohibición voluntaria de enajenar en la aprobación de préstamos tanto en las Instituciones Públicas como Privadas y entre particulares se ha convertido en uno de los mecanismos legales más comunes para garantizar el cumplimiento de la obligación adquirida por parte del deudor ante el acreedor ello en vista de que en el análisis pertinente ha de fundamentarse con base sólida, que son las normas constitucionales y legales. La libertad de contratación está plenamente garantizada en nuestro país. En efecto, el artículo 66 de la Constitución dice que: "Se reconocerá y garantizará a las personas: 16. El derecho a la libertad de contratación". Y, en el plano legal, el artículo 1454 del Código Civil establece que contrato o convención es: "un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer una cosa". El contrato, de manera general, tiene como fundamento básico recoger la voluntad de los contratantes de convenirlo y celebrarlo libremente. Este requisito se encuentra dentro del ámbito establecido en la ley para que, de esa manifestación se generen obligaciones. Ahora bien en el Art. 1749 del Código Civil expresa que “pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales, cuya enajenación no éste prohibida por la ley”, de ello se desprende que la prohibición de enajenar, para que salga del comercio, debe establecerse por ley más no por convención privada” De allí que el pacto que en este sentido se incluya en un contrato de cualquier naturaleza y no es una limitación a la libre transferencia del bien que impida la transferencia de dominio o la constitución de derechos reales sobre el mismo, ya que únicamente el mandato expreso de la ley o la orden del juez sustraen del comercio a los bienes y su enajenación se convierte en objeto ilícito, al tenor de lo que dispone el Art. 1480 del Código Civil. Por ello el incumplimiento de esta obligación de no hacer, que constituye la prohibición voluntaria de enajenar de un bien, de modo alguno no es causal de nulidad de un negocio jurídico de transferencia de dominio o de constitución de derechos reales sobre el mismo, sino que tan solo se traduce en el deber de indemnizar los daños y perjuicios causados por el deudor acorde a lo dispuesto en el Art. 1571 del Código Civil. En virtud de lo expuesto y al considerar que un contrato celebrado con voluntad de las partes como es analizado constituye ley para las mismas pues así lo dispone el Art. 1561 del Código Civil, dado que un contrato debe ejecutarse de buena fe, por consiguiente obliga no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación; de donde se desprende que la Prohibición Voluntaria de Enajenar obliga al deudor a que no pueda vender, ni hipotecar ni sujetar a gravamen alguno que el limite el dominio o goce del bien raíz dado en garantía para el cumplimiento de la obligación adquirida; según los efectos jurídicos que contempla la Prohibición de Enajenar establecidos en el Art. 426 del Código de Procedimiento Civil; y, en virtud de que éstos no pueden ser declarados nulos, pues es necesario que Prohibición de Enajenar haya sido establecida por decreto judicial o por la ley y no por convención entre las partes. Al haberse posesionado la Prohibición Voluntaria de Enajenar, como un mecanismo jurídico de garantizar que el bien raíz dado en garantía por el deudor voluntariamente no pueda venderse, ni hipotecarse, ni sujetarlo a gravamen alguno que el limite el dominio o goce del bien raíz, es necesario garantizar que éste contrato constituya una verdadera garantía para el acreedor; así como también una limitante legal para el deudor, por la naturaleza de la Prohibición Voluntaria de Enajenar, existe la necesidad de establecer la venta de las cosas que no estén en el comercio humano por expresa voluntad de los contratantes, como enajenación con objeto ilícito.