La actual regulación legal del sigilo bancario prevista en la ley general de instituciones del sistema financiero constituye un obstáculo procesal para la medida cautelar civil de retención de valores en cuentas bancarias

Abstract

Dentro de los derechos tutelados por la Constitución de la República del Ecuador se encuentra el derecho a la reserva sobre la información personal y el derecho a la intimidad, lo cual ha tenido su repercusión en los diferentes cuerpos legales. Dentro de las regulaciones legales de reserva o confidencialidad se encuentra la figura denominada sigilo bancario, por el cual los depósitos y captaciones de dinero que sean realizadas en entidades financieras autorizadas por disposición del Art. 88 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, son de conocimiento exclusivo de los titulares de las cuentas o a sus representantes legales, o a un tercero mediante autorización expresa del titular. Los depósitos en cuentas bancarias en contexto con la institución procesal civil de retención tienen una íntima relación, ya que dentro de los procesos civiles de cobro es una medida cautelar la retención de los valores de la o las cuentas bancarias del deudor, con la finalidad de garantizar el objetivo del proceso que es cobrar el crédito, lo que incluye capital, intereses, costas procesales y honorarios de la defensa. En este sentido para la procedencia de la medida de retención se requiere según el Art. 899 del Código de Procedimiento Civil que se justifique con pruebas instrumentales la existencia del crédito, lo cual se cumple con la presentación del título ejecutivo (letra de cambio o pagaré a la orden), y en segundo lugar, que se pruebe que los bienes del deudor se hallan en mal estado, que no alcancen para cubrir la deuda o que exista riesgo de que puedan desaparecer, ocultarse o enajenarse. Dentro de los justificativos de los bienes del deudor y en el caso concreto de valores depositados en cuenta se requiere de un CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE LA CUENTA Y DE SALDO ACTUAL conferida por la institución financiera. Este requisito por la institución del sigilo bancario es imposible de ser conseguido por el acreedor ya que requerirá de autorización del titular, lo cual en la práctica no se puede lograr, ya que ninguna persona va a conceder una autorización para que le retengan sus cuentas. Ahora en referencia con los casos de excepción al sigilo bancario que establece la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, se encuentran los requerimientos de autoridades de control tales como: Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas, y la Fiscalía y los Jueces que se encuentren en conocimiento de causa. La legislación que rige el sigilo bancario no ha previsto como caso de excepción al sigilo bancario, los requerimientos de prueba mediante diligencias pre-procesales de prueba, ya que en este caso los jueces de contravenciones no son jueces de causa, y por tanto el resultado es que se niegue la diligencia pre-procesal debido al sigilo, y en algunos casos que se han dado en que se concede la diligencia pre-procesal, las instituciones financieras niegan la información indicando que el requerimiento no proviene de un juez de causa. Para que la medida de retención sea efectiva requiere ser solicitada en la demanda, y para ello se requiere la CERTIFICACIÓN BANCARIA que actualmente la regulación legal de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero no permite por el sigilo bancario.