Análisis jurídico sobre la legalidad y legitimidad de la declaratoria de impedimento legal para ejercer cargo público por jubilación

Abstract

En nuestro país los jubilados por el hecho de ser personas de la tercera edad, son considerado como un grupo históricamente discriminado, a los que se los excluye de tener igualdad de oportunidades en el ámbito laboral peor aún su reinserción al servicio público, ya que su acceso es limitado por el Ministerio de Relaciones Laborales, al registrarlos en sus bases de datos con “Impedimento Legal para ejercer cargo público” sin realizar antes un análisis previo con “registros mal reportados”, sin suficientes elementos de juicio ni análisis jurídico previo de los mismos; lo cual ha provocado que personas de la tercera que aspiran a tener un trabajo digno y sentirse útiles a la sociedad, se vean afectados al ser estigmatización como “viejos” al no permitirles el acceso al trabajo en su adultez mayor. Es así que las personas jubiladas que desean trabajar en el sector público deben demostrar que no tienen ningún impedimento legal, solicitando al Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) el certificado que lo avala como persona idónea para ser servidor público, pero se encuentran con la sorpresa de que mantienen impedimento legal para poder reingresar al servicio público y es ahí donde empieza el suplicio y el tormento para rehabilitar su certificado, sin saber a dónde acudir para poder rehabilitarlo. Esta es la problemática que actualmente se encuentran viviendo algunos servidores, quienes al momento registran impedimento legal para ejercer cargo público por el hecho de ser jubilados, cuando volvieron a reingresar al servicio público, lo cual les impide laborar con tranquilidad, pues se encuentran realizando los trámites y consultas pertinentes a fin de que los excluya de las bases de datos del Ministerio de Relaciones Laborales y pueda rehabilitar su certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público, ya que se les solicita justificar si su reingreso al sector público fue legal, así como también establecer si las leyes en aquel entonces los amparaban caso contrario serían removidos de sus cargos conforme lo establecido en el art. 11 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Esta situación se contraponerse entre lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador que garantiza el derecho al trabajo y a una vida digna, establecida en el art. 325 de la Constitución de la República del Ecuador y lo estipulado en los arts.11, 14 y 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP y su Reglamento General de Aplicación en el art. 8 que solicita la remoción de servidor con impedimento, lo cual vulnera el derecho al trabajo y crea una discriminación desmedida a las personas adultas mayores, cuyo deseo es el de sentirse útiles a la sociedad y además mejorar dignamente su pensión jubilar que actualmente no sobrepasa los quinientos dólares mensuales establecidos en la Ley.