La Aplicación De La Debida Proporcionalidad Entre Las Infracciones Y Penas Pecuniarias Establecidas En La Ley Orgánica De Salud Para Garantizar La Igualdad De Derechos De Los Comerciantes

Abstract

La presente tesis, nace con la finalidad de realizar un estudio jurídico y crítico sobre el principio de proporcionalidad; esto en virtud de la necesidad urgente de establecer la debida proporcionalidad en la aplicación de la pena pecuniaria, tipificada en el artículo 154 de la Ley Orgánica de Salud, a fin de garantizar la igualdad de derechos de los comerciantes. La Constitución de la República del Ecuador, que es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico; en concordancia con la normativa internacional; garantiza sin discriminación alguna la igualdad de derechos, justicia y proporcionalidad de las penas; conminando al Estado a que en todo proceso donde se determine derechos y obligaciones de cualquier índole se observará los principios y garantías establecidos en la constitución, ya que cualquier norma jurídica o acto de poder público que no tenga conformidad con esta, carecerá de eficacia jurídica. El Art. 76, numeral 6 de la Constitución establece que en las leyes se debe aplicar el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones. Sin embargo esta garantía no se cuando los operadores de justicia, al sancionar a los propietarios de establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria, aplican el artículo 254 de la Ley Orgánica de Salud que sanciona con multa de cinco salarios básicos unificados del trabajador en general el incumplimiento, a la obtención del permiso de funcionamiento conforme lo establece el artículo 130 de la indicada Ley La sanción mencionada es completamente desproporcional, ya que no considera el monto de inversión del establecimiento comercial; es decir no hace ninguna diferencia entre un supermercado y una tienda, entre un pequeño restaurant y una hostería, o entre una clínica y un consultorio médico particular; sancionando por igual a todos estos establecimientos que no obtengan el permiso de funcionamiento, con la pena de una multa de cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. La falta de proporcionalidad en pena es evidente y absolutamente incoherente ya que la multa para unos establecimientos es excesiva, a veces imposible de pagar, al punto de calificarla como injusta. En cambio para los establecimientos con grandes inversiones, es demasiada sutil y por ser la multa un monto insignificante; evaden realizar el trámite para obtenerlo, hecho que conlleva grandes peligros para la salud de los consumidores. Por lo tanto esta multa desproporcional entraña discriminación, desigualdad e impunidad; vulnerando los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República. De lo expuesto, esta problemática tiene importancia social y jurídica, lo cual me motivó a investigar científica y jurídicamente; llegando a concluir que es necesario reformar la pena establecida en el Art. 254 de la Ley Orgánica de Salud para los establecimientos que incumplan el Art. 130 de la Ley citada. A fin de que la autoridad sanitaria en el momento de sancionar a los propietarios de los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria; la Ley le faculte sancionar proporcionalmente con penas de uno a veinte salarios básicos unificados del trabajador en general, haciendo uso de la 4 sana crítica, considerando los daños que se hayan producido o pueda producirse en la salud de las personas; la gravedad de la infracción; la calidad de reincidencia del infractor; las condiciones socio-económicas del infractor; y, el beneficio obtenido por el infractor por resultado de la infracción.