NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGANICA DE COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LA JUSTICIA INDIGENA Y LA JUSTICIA ORDINARIA LA OBLIGATORIEDAD DE REGISTRAR LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES DONDE SE APLIQUE EL DERECHO INDIGENA.

Abstract

A la justicia indígena la concebimos como todo un sistema jurídico-legal que fundamentado en usos, costumbres, servidumbres y prácticas ancestrales, determine los modos y formas procesales de administrar justicia en juzgados, tribunales, fiscalías u otras instituciones que asimilen un exclusivo derecho indígena. Las autoridades indígenas que ejercen la administración de justicia, obedecen a un procedimiento existente desde tiempos atrás. Respetando las particularidades de cada uno de los pueblos indígenas. La Constitución de la República reconoce y garantiza el uso de esta práctica de hacer justicia de acuerdo a su jurisdicción y en base a sus tradiciones ancestrales y derecho propio, esto sin violentar los derechos fundamentales de las personas, reconocidos de manera constitucional y en los diferentes tratados internacionales suscritos por el Ecuador. Es imprescindible, que de forma urgente la Asamblea Nacional estudie, analice, debata, socialice y apruebe aspectos fundamentales con el fin de que la Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, en aras de evitar una inadecuada interpretación de los preceptos constitucionales ya que en el ámbito territorial se desarrollan diferentes sistemas de derecho, pero cada uno de ellos de forma obligatoria se debe de llevar un registro de los procedimientos y sanciones de la aplicación de justicia sea esta ordinario o indígena. En los casos de aplicación de Justicia Indígena, no existe, ningún registro, ni de las reglamentaciones, peor aun de las actuaciones, de los administradores de justicia, lo que se constituye en ley y jurisprudencia para lo venidero. Con los antecedentes anteriormente detallados y consiente de la realidad jurídica del país, propongo el presente estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario de las normas reguladoras de la Justicia Indígena, en procura de armonizar su procedimiento y aplicación, en estricto cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas y con la debida cooperación y coordinación con la justicia ordinaria.