LA PROPORCIONALIDAD DE LA PENA FRENTE A LA GRAVEDAD DEL DELITO EN RELACION A LA JUSTICIA INDÍGENA

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, establece muchos derechos de protección entre los que se encuentran la garantía de que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la Ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento, además dice que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. Este presente trabajo de investigación comprende un estudio jurídico crítico, que tiene relación con la necesidad de normar de manera clara en qué tipo de delitos tiene competencia la justicia indígena para conocer, resolver, juzgar o sancionar a un infractor, además que se garantice en todos los procesos que sancionen mediante la justicia indígena se respete el derecho al debido proceso, esto con el fin que exista proporcionalidad de la pena en el juzgamiento de delitos dentro de la administración de justicia indígena. La problemática nombrada requiere en forma urgente, una reforma en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, que determine íntegramente 3 la competencia en razón de materia penal de la justicia indígena, así como el tipo de sanciones que pueden ser impuestas, con el fin de que las mismas no atenten contra los derechos humanos de los individuos juzgados, puesto que las diferentes comunidades, pueblos y nacionalidades interpretando de manera errónea el Artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador actualmente vigente, que les reconoce el derecho de administrar justicia, lo hacen tomándose la justicia por mano propia, de manera inhumana, primitiva, sin respetar ningún derecho del ciudadano juzgado, y aplicando sanciones no establecidas en la Constitución y las Leyes del Ecuador, además de juzgar acciones y omisiones que no son consideradas como delitos en nuestro país, basándose principalmente en la religión de determinado lugar, lo que podría ser considerado como un ajusticiamiento puesto que imponen a su forma severos castigos como son los azotes previos a los insultos, ultrajes, ofensas, azotarlos con ortigas por todo el cuerpo y en público permitiendo que sean avergonzados, sin saber de manera clara si son culpables o no, bañarles con agua fría en los páramos helados que tiene nuestro país, baños que siempre van acompañados de fuetazos tan duros que producen laceraciones en el cuerpo produciendo moretones y sangrado, en algunas comunidades los castigos son tan severos que llevan a la muerte al presunto infractor, eso cuando se ha podido controlar a la multitud enardecida que les quiere quemar en la hoguera, la justicia indígena no tiene un proceder igual en las diversas comunidades, pueblos y nacionalidades pues cada comunidad tiene costumbres diferentes, pero los castigos casi siempre son los mismos, sin importar el tipo de delito al que se le acusa al presunto infractor. Es así que pretendo aportar con la siguiente investigación, con el fin de que se reflexione y debata la necesidad de normar de manera clara la competencia de la justicia indígena en cuestión de materia penal, debido a lo manifestado en líneas anteriores no existe proporcionalidad de la pena en relación al delito cometido en el juzgamiento de delitos dentro de la justicia indígena además debe garantizarse a las personas su derecho a la defensa conforme lo estipula el derecho Constitucional, las garantías básicas del debido proceso, la presunción de inocencia en la Ley Orgánica de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Penal, para que de alguna forma se pueda controlar este tipo de atropellos y abusos por la mala interpretación de la Ley y por vacios legales, siendo mi afán contribuir con la correcta Administración de Justicia.