DEROGATORIA DE LA INHABILIDAD DEL DEUDOR DE ALIMENTOS PARA OCUPAR CARGO PÚBLICO

Abstract

Con el firme propósito de fundamentar la Derogatoria de la inhabilidad del deudor de alimentos para ocupar cargo público, prescrita en el Libro II, Título V, Del Derecho de Alimentos, Capítulo I, Derecho de Alimentos, Artículo innumerado 21, literal b) del Código de la Niñez y la Adolescencia, por atentar contra el Derecho al Trabajo, se efectuó el presente trabajo de investigación jurídica, basado en un análisis teórico, doctrinario y jurídico, fundamentalmente de las inhabilidades del deudor de alimentos, frente al derecho al trabajo que le asiste a toda persona como un medio para la obtención de recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas; en este sentido utilizando los métodos científico, inductivo deductivo, dialéctico, analítico y sintético, hipotético, hermenéutico, comparativo, mayéutico, estadístico; así como el empleo de técnicas como la entrevista y la encuesta, he desarrollado ésta investigación, iniciando por definir algunos conceptos fundamentales como: la vida, los alimentos, el trabajo, hasta analizar la evolución de las inhabilidades del deudor de alimentos en el Ecuador durante el último siglo y lo referente a la limitación del derecho al trabajo, por motivo de adeudar dos o más pensiones alimenticias, frente a lo cual se plantea la derogatoria de al menos una de las inhabilidades que pesa sobre el deudor de alimentos, como alternativa válida para hacer efectivo el derecho al trabajo como fuente de desarrollo y realización de la especie humana, lo contrario implica condenar al deudor de alimentos a la miseria, a la desocupación, y hasta la insatisfacción de las 3 necesidades elementales del menor beneficiario de este derecho de alimentos, al igual que a los demás hijos del obligado. Para justificar la necesidad de mantener las inhabilidades al deudor de alimentos, el asambleísta argumenta que es necesario garantizar el pago de las pensiones alimenticias en favor del menor, a tal punto que determina una serie de medidas cautelares de carácter personal y hasta de orden real, lo que garantiza suficientemente el cumplimiento de ésta obligación, sin considerar que también prevé el hecho de reclamar alimentos a los obligados subsidiarios, tornándose en este sentido en una especie de sobreprotección al menor alimentario, que sobrepasa el límite del principio del interés superior del niño en detrimento de los derechos del progenitor, que también merece el amparo de la Ley. A fin de alcanzar el cumplimiento cabal de los objetivos planteados y la comprobación de la hipótesis correspondiente, se desarrolló el trabajo de campo aplicando entrevistas y encuestas dirigidas a juezas, jueces y abogados en libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Loja. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones obtenidas como resultado de las respuestas emitidas por los entrevistados y encuestados, se confirma que en su mayoría están de acuerdo con la derogatoria de la inhabilidad del deudor de alimentos para ocupar cargo público, prescrita en el Libro II, Título V, Del Derecho de Alimentos, Capítulo I, Derecho de Alimentos, Artículo innumerado 4 21, literal b) del Código de la Niñez y la Adolescencia, por considerarla atentatoria contra el derecho al trabajo. Del estudio de casos, se logró determinar que en la actualidad los deudores de alimentos en un alto porcentaje se ven inhabilitados para ocupar un cargo público para el cual hubiere sido seleccionado en concurso público o por designación, como consecuencia de haberse previsto en la ley una serie de medidas restrictivas de derechos fundamentales de la persona, bajo el argumento de garantizar el pago de las pensiones alimenticias, justificándose de esta manera la necesidad de revisar las inhabilidades al deudor de alimentos. Por otro lado se puede entender, que limitarle al deudor de alimentos el acceso a un cargo público en nada soluciona la falta de pago de las pensiones alimenticias atrasadas, por el contrario se le está desmejorando su situación económica, forma con la que difícilmente podrá cumplir con la obligación para con el menor alimentario. Bajo estas consideraciones, se planteó la derogatoria de la inhabilidad del deudor de alimentos para ocupar cargo público, prescrita en el Libro II, Título V, Del Derecho de Alimentos, Capítulo I, Derecho de Alimentos, Artículo innumerado 21, literal b) del Código de la Niñez y la Adolescencia, como un aporte necesario para hacer efectivo el derecho fundamental al trabajo, garantizado en la Constitución de la República del Ecuador y en los Tratados y Convenios Internacionales, de los cuales nuestro país es suscriptor.