LA CRISIS EN EL PODER PUNITIVO Y EJECUTIVO PENITENCIARIO EN EL TRATAMIENTO DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA REALIDAD ECUATORIANA

Abstract

Debemos iniciar, a efecto de comprender el alcance del estudio del problema planteado en el presente trabajo investigativo que concluye con el informe final, en primer lugar definiendo caracterizando la temática relacionada con lo que se denomina “adulto mayor”, pues el término vejez se ha dejado de usar por sentirse peyorativo y humillante, lo mismo sucede con el término de “tercera edad” que es un término muy marcado, pues se llega a considerar que toda persona, a partir de los sesenta y cinco años de edad es considerado: un anciano. Como lo hemos consignado en nuestro proyecto de investigación y hoy lo retomamos en el siguiente informe, la Organización Panamericana De La Salud (OPS), considera como “personas mayores” a “aquellas que cuentan con sesenta años en adelante mientras que la Organización de Naciones Unidas (ONU) denomina a este grupo humano como “Adultos Mayores”, de conformidad con la Resolución 50/141. La mayoría de las definiciones sobre la vejez enfatizan el aspecto biológico y plantean que: “es un proceso progresivo desfavorable de cambio a nivel fisiológico xi 12 y anatómico, producto del paso del tiempo y que concluye invariablemente con la muerte”. Para el psicólogo esta definición resulta restringida, pues su interés va más allá de considerar la vejez como una serie de fenómenos conductuales limitantes, o una mayor probabilidad de muerte. Actualmente debido al desarrollo de la ciencia y la técnica, en cuanto a medicina, industria, etc., se ha aumentado la esperanza de vida al nacer y con ello el envejecimiento poblacional. Las representaciones que socialmente se tiene de la vejez, así como los cambios físicos y psíquicos que se producen hacen que el adulto mayor se sienta muchas veces alejado de esa sociedad que un día dirigió y construyó, y que aparezcan sentimientos de inutilidad y vacío existencial. La educación en el adulto mayor resulta un proceso saludable y que contribuye a trabajar en base al auto desarrollo, as potencialidades, la autovaloración, el autoconocimiento, todo lo referente a la esfera cognoscitiva y afectiva, propiciando bien estar en el anciano y viéndose como una necesidad de primer orden en nuestros días. La vejez es un proceso de cambios determinados por factores fisiológicos, anatómicos, psicológicos y sociales. De los cambios que se producen al envejecer unos tienen origen biológico y otros son más bien consecuencia de la combinación de muchos factores que se xii 13 relacionan entre sí, como la perdida prematura de aptitudes funcionales por desuso, las enfermedades agudas y crónicas, la migración social, la mal nutrición, la pobreza, factores sociales, entre otros. Nuestro trabajo investigativo ha planteado su problema de estudio justamente en la contradicción existente entre las condiciones biológicas, psicológicas del adulto mayor y el sistema punitivo aplicable en caso de que un adulto mayor haya sido declarado culpable de un hecho delictivo, pues el sistema penal sustantivo ecuatoriano, contempla como sanción y forma de retribución al delincuente, por lo que denominan daño infringido a la sociedad, la pena privativa de libertad, sin considerar de ninguna manera, aspectos de su personalidad antes de su imposición, tal como lo es por ejemplo la edad del penado lo que vulnera principios constitucionales que son analizados en el desarrollo del presente trabajo. La evidente realidad ha demostrado que las penas de prisión constituyen un fracaso histórico: no solamente no socializan sino que, a partir de la investigaciones sociológicas desarrolladas, se han aportado valiosos datos para demostrar lo contrario y se apartan de los principios fundamentales de la penología moderna que se centra en el hombre como el ente entorno al cual se han de diseñar y aplicar los procesos de rehabilitación, privilegiando en todo caso su condición de ser humano. Por otro lado es posible advertir que las penas privativas de libertad que se ejecutan en las prisiones no solo constituyen un perjuicio para los internos, sino xiii 14 también, para sus familias; especialmente cuando el internamiento representa la pérdida de ingresos económicos del cabeza de familia. Se ha evidenciado que otro aspecto que ha coadyuvado a la crisis actual es provocado por la falta de interés social ante el problema del desarrollo estructural físico de los centros penitenciarios, que no se limita solamente al ámbito carcelario común, sino que, alcanza a las personas a cuyo cargo está el delineamiento de políticas estatales en este ámbito. Exámenes clínicos realizados mediante clásicos test de personalidad han mostrado los efectos negativos del encarcelamiento sobre la psique de los condenados y la correlación de estos efectos en la duración de este. Las condiciones deplorables en que viven los penados, en los centros de rehabilitación un número expresivo de prisiones evidencia que hay mucho por hacer en pos de la mejoría del sistema carcelario en Latinoamérica y concretamente en lo que concierne a nuestro país. En este sentido existen autores que han propuesto enmarcar la cuestión penitenciaria en el contexto más amplio de la política social, la política criminal y la seguridad pública, así como pugnar por la clasificación de los condenados y por sobre todo la individualización de la pena; seleccionar e incrementar el número de funcionarios de las prisiones, principalmente custodios, y al mismo paso capacitarlos y brindarles mejores condiciones de trabajo, entrenamiento regular, carrera penitenciaria y un salario acorde con la importancia y riesgo de su trabajo. A lo expuesto anteriormente se suma la humanización de la pena privativa de libertad, puesto que la salvaguarda de los derechos humanos es un imperativo constitucional y del ordenamiento jurídico internacional. xiv 15 Consideramos que la privación de libertad como sanción no debe constituirla única respuesta de los Estados ante conductas delictivas ya que los sustitutivos penales como sanción encarnan un derecho penal moderno, centrado en el hombre y en la garantía de los derechos humanos. El proceso investigativo que hemos desarrollado, nos ha permitido cumplir con los objetivos propuestos y además la verificación de la hipótesis planteada, todo lo cual, nos permite hoy aseverar, que la legislación penal ecuatoriana, resulta insuficiente, en relación a favorecer la pretensión rehabilitadora del Estado, en los adultos mayores, ya que presenta vacíos, en cuanto a la no regulación de penas alternativas y sustitutivas. En este sentido es urgente la reforma al Código Penal que contemple una aplicación más restrictiva de las penas privativas de libertad, desarrollando así el principio consagrado en el numeral 11 del artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador que en su parte pertinente preceptúa: “…las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada”.