EL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN PÚBLICA Y SU INCORPORACIÓN COMO FIGURA JURÍDICA EN LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL PERIODISMO

Abstract

Cada progreso del ser humano es admirable: desde los periódicos, pasando por los telégrafos eléctricos, los equipos de radio y televisión, hasta las redes informáticas de hoy. Todo avance y modernización de los medios de los medios de comunicación y su grado de alcance, determina la conducta humana de todo ciudadanos. En nuestros días, ya no se puede hablar de una conducta individual, la masificación de los medios de comunicación contribuyeron a formar un carácter universal en todo ciudadano. Sin embargo, la opinión pública no es el resultado de una comunicación entre los ciudadanos, sino de una producción mediática que los dueños de los medios de comunicación encargan a los especialistas en periodismo, con el objetivo manipular la opinión de cualquier ciudadano. El objetivo de esta investigación está en determinar los conflictos que surgen en el profesional del periodismo al formar la opinión pública y las trasgresiones a los derechos elementales de la comunicación que están consagradas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Comunicación; y en el trascurso de este trabajo observaremos que la opinión pública no constituye un derecho sino un privilegio de ciertos propietarios que controlan casi la totalidad de los medios de comunicación y veremos que el periodista siendo la figura principal en la formación de la opinión pública, no cumple con su función social sino que de acuerdo a su 3 definición política defenderá y propagará las ideas de cualquier grupo social y descubriremos porque no podemos hablar de periodismo independiente. Y finalmente el resultado de esta investigación determinará que no existe una normativa jurídica que exija en forma tácita la prevención, control y sanción de la manipulación de la opinión pública, y que si continúa la inexistencia de una figura jurídica, no podremos dar solución a los grandes conflictos que se generan en la formación de la opinión pública. Por tanto, es necesario establecer una norma jurídica en materia de comunicación que proteja los más elementales derechos de comunicación, con la reforma del 17 de la Ley Orgánica de Comunicación, en que se deberá incorporar el derecho a la libertad de opinión pública, con el cual otorgará al profesional del periodismo su auténtico papel de comunicador social