CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EN CONTRADICCIÓN CON LA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Abstract

El Ecuador tiene una historia de lucha social importante desde la época de la colonia para liberarnos del yugo español, hasta nuestros días por conseguir la liberación social y nacional, en este marco, vemos como en la actualidad subsisten los problemas en el ámbito legal, pues a conocer, las leyes siempre fueron impuestas para beneficio de pocos, que son los que han venido sucediéndose en el poder; en el transcurso del tiempo siempre han persistido hechos de judicialización, persecución, denigración y encarcelación de dirigentes sociales y líderes políticos que defienden causas públicas, configurándose una suerte de criminalización de la lucha social, producto de la ambigüedad de nuestra legislación sobre tipos penales que fueran impuestos por gobiernos dictatoriales en épocas pasadas y que se mantienen en el Código Orgánico Integral Penal. Esta legislación penal incongruente, no se ha adecuado al garantismo que ofrece la Constitución de Montecristi, por lo tanto, la normatividad penal, es utilizada y aplicada por el poder del Estado a través de la función judicial que ha claudicado su autonomía para servicio del gobierno de turno que interviene groseramente en la justicia ordinaria imponiendo términos de como se debe juzgar la legitimidad de los actos de defensa del pueblo, encarcelando la libertad y acallando la protesta social que se encuentra protegida por la Constitución de la República como derecho a la resistencia. Bajo este discernimiento, podemos afirmar que en el Ecuador cuyo principio fundamental lo ubica como Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, se vulneran los derechos humanos, lo que distancia al Estado del cumplimiento de los tratados y convenios internacionales suscritos, ya que la tutela efectiva de los derechos y garantías, así como la justicia, se han convertido en una mera enunciación en el papel. El método que permitió desarrollar la presente investigación fue el método científico, que determinó la realidad objetiva de la problemática jurídica sobre la criminalización de la protesta social. Como procedimientos y técnicas se utilizó la observación, análisis y síntesis, así como técnicas auxiliares de fichaje bibliográfico o documental; y, como técnica de acopio de información empírica la encuesta y la entrevista.