INSUFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD AL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY, CONSTITUYE IMPEDIMENTO PARA REPARAR EL DAÑO CAUSADO, SEGÚN LO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Abstract

La entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 180, el lunes 10 de febrero de 2014, a través de sus Disposiciones Reformatorias al Código de la Niñez y Adolescencia; significa que los adolescentes tendrían un verdadero sistema de control y seguimiento de las medidas socioeducativas, que son una alternativa a la privación de la libertad; por lo que, en caso de internamiento institucional, éste será considerado como último recurso o instancia. En la práctica, esto representa que un adolescente aislado por el robo de un celular, por ejemplo, se beneficie de alguna sanción alternativa a su internamiento, es decir, que éste no sea aislado o internado en un Centro de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores. Estas medidas pueden ser privativas y no privativas de libertad que van desde la imposición de reglas de conducta, amonestación, servicio a la comunidad hasta el internamiento institucional. Recordemos que nuestra Constitución establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, tales como, el desarrollo de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad; se atenderá al principio de su 13 interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Es así que, los niños y adolescente están revestidos de muchos derechos consagrados en nuestra legislación. Al hablar del interés superior del niño hablamos de un principio encaminado a satisfacer el efectivo ejercicio del conjunto de derechos que posee este grupo, así las autoridades están obligadas a mantener un justo equilibrio entre estos derechos y a velar para que los mismos se cumplan de una manera más efectiva. Siguiendo con el lineamiento del principio del interés superior de la niñez y adolescencia, cabe señalar que a más de garantizar el goce y ejercicio de sus derechos, determina y regula deberes y responsabilidades para aquellos, por ejemplo en el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal, éstos deberán cumplir o están sujetos a un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida, constituyendo la privación de su libertad como último recurso, conforme lo prescribe el Art. 77 numeral 13 de nuestra Constitución, en la que establece que el Estado mediante ley, prevé sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas. Ello se entiende, que se debería agotar todos los recursos punitivos al sancionar a un adolescente que ha cometido un hecho ilícito; sin 14 embargo, si el caso lo amerita o la infracción cometida es grave, la autoridad pertinente le impondrá la medida socioeducativa acorde al daño proporcionado, de conformidad a los preceptos o formalidades prescritas por la ley; pues en todo caso siempre se pretenderá la generación de resultados socio-educativos del adolescente en conflicto con la ley penal. En nuestro país, según la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, indica que en la actualidad, las mencionadas medidas socioeducativas no privativas de libertad se estarían aplicando más que las privativas de libertad, por lo que ha disminuido la presencia de los adolescentes en los Centros de Internamiento. Sin embargo, según lo manifestado, la aplicación de la medida no privativa de libertad el servicio a la comunidad no se ve reflejada, pues si bien se encuentra establecida en el Art. 378 numeral 4 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ésta no se estaría cumpliendo o efectivizando por lo que constituye no sólo un obstáculo para la reparación del daño causado por la responsabilidad del adolescente a favor de la comunidad, sino también para el desarrollo integral, como psicológico, socio-psicopedagógico, psicomotriz, (habilidades, arte, destrezas) etc.; de tal adolescente. La norma pretende que la o el adolescente, asuma su responsabilidad en la infracción, a través de un proceso de atención integral que asegure y supere su condición de conflicto con la ley penal.Por lo que es responsabilidad del Estado, a través de los organismos judiciales, administrativos, técnicos, etc., aplicar, ejecutar y verificar la medida socioeducativa no privativa de libertad el servicio a la comunidad, a través de sistemas de control, vigilancia, monitoreo y seguimiento que aseguren el eficaz cumplimiento de la norma, a fin de prevenir, reinsertar a la sociedad y restaurar o compensar el daño causado, beneficiándose no sólo el adolescente que ha cometido un acto delictivo, sino también la comunidad en general.Concluyendo por lo tanto, la necesidad de hacer una reforma de la medida socioeducativa el servicio a la comunidad, que asegure y permita reparar el daño causado por el adolescente mediante trabajos comunitarios a favor la comunidad; debiendo cumplirse de forma inmediata y eficaz de acuerdo a la forma y en los casos prescritos por la ley, debiendo constar en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia.