CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DELINCUENCIAL EN EL ECUADOR

Abstract

En la actualidad, la realidad histórica que los ecuatorianos estamos viviendo, exige reacciones inmediatas de parte del Estado para abatir la delincuencia. Esta reacción debe realizarse con la inmediata modernización y la implementación de nuevas tecnologías a la Fiscalía, y mejorar de esta manera el Sistema Procesal Penal. De esta forma para fortalecer la actividad del Estado, destinada al esclarecimiento de los ilícitos penales, es necesario otorgar a los órganos de Jurisdiccionales Penales, una herramienta de alta eficacia, en el cumplimiento de la penalización y prevención del delito. Resulta de esta manera imprescindible aprovechar al máximo las herramientas que ofrece la tecnología de vanguardia, como lo es la determinación de Acido Desoxirribonucleico para la construcción de la huella genética, cuyo particular nivel de confiabilidad permitirá obtener prueba contundente para culpar o exculpar a personas sindicadas como responsables, no sólo de delitos contra la integridad sexual sino de otros delitos, en el curso de los cuales se hubieran dejado muestras biológicas como rastros. Es aquí que la creación de un Registro de Identificación Genética Delincuencial, es fundamental para lo indicado en párrafo próximo anterior, el cual será instrumentado como una base de datos que consigne toda huella genética asociada a una evidencia obtenida en las distintas escenas del crimen o en las prendas de las víctimas, o provenga de los perfiles genéticos efectuados en el curso de procesos judiciales por orden de los tribunales intervinientes o de la Fiscalía. 3 Así, la iniciativa de crear un Registro Nacional de Identificación Genética criminal confiable, en el que aparezcan identificados, tanto los más peligrosos delincuentes, como las personas que hayan sido declaradas penalmente responsables por un órgano jurisdiccional y mediante sentencia firme e irrevocable, sin conculcar garantías individuales y a partir del inicio de la imposición de la pena correspondiente, lo que otorgaría certeza jurídica a las personas que habiendo sido procesadas, no fueron declaradas responsables de los hechos que se les imputaron, reintegrándolas de manera más pronta a la vida productiva nacional.