REFORMAS AL REGIMEN PENAL PARA ESTABLECER EL ESTUDIO PSICOLOGICO DEL PROFESIONAL DE LA SALUD QUE OCASIONE UN HOMICIDIO ININTENCIONAL DEL PACIENTE

Abstract

La Constitución de La República del Ecuador según el artículo 66 dice que “se reconocerá y garantizará a las personas: el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte; el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios; el derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual. El sistema nacional de salud tiene por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural” En cuanto a la Ley Orgánica de la Salud su primer artículo señala que “tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrada en la Constitución de la República y la ley” El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 146 dice “La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la Ley. 3 Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas”. Como todos sabemos, el derecho a la vida es el principal derecho universal recogido y aceptado en todas las constituciones políticas, ya que todos tenemos derecho a esta y nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. El derecho a la vida, en cualquiera de sus manifestaciones, es una exigencia del Estado de Derecho, el cual criminaliza a las personas que atenten contra esta. Si bien el Estado ha criminalizado la conducta del homicidio inintencional ocasionado por un profesional de la salud, no dispone un estudio psicológico para el profesional que lo ocasiono, creando así temor entre los profesionales de la salud, pues no se investiga los factores exógenos que le llevaron a cometer este delito y se los deja en completa indefensión, por lo que con esto se estarían vulnerando los derechos consagrados en la Constitución, como el derecho a la seguridad que tenemos todos los ciudadanos. Por lo que antes de que este, reciba un juicio penal en su contra, se debería evaluar el estado psicológico del profesional, para establecer los motivos por los que llego a cometer este delito, ya que en muchas de las ocasiones el estrés al que están envueltos los hace actuar de manera negligente, otro punto seria resguardar la identidad del médico y la institución hasta que esta sea declarada culpable, o en caso de ser inocente, nunca publicar su identidad, ya que así estarían preservando su honorabilidad, así también al profesional de la salud declarado inocente.