Estudio jurídico doctrinario al numeral 4 del artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal-procedimiento directo, en relación al plazo de la sustanciación de la audiencia de procedimiento directo, el mismo que vulnera el debido proceso, derecho a la defensa y la presunción de inocencia

Abstract

En el Código Orgánico Integral Penal se han incorporado “procedimientos especiales”, en función de la gravedad de los bienes jurídicos lesionados penalmente y se han creado juicios “directos” y “expeditos”, con la finalidad de lograr procesos penales eficientes; por ello entendemos, que la creación tiene como objetivo la pronta respuesta de la justicia, para brindar seguridad ciudadana y propiciar la tutela de la víctima, ya que la prolongación de los tiempos en los procesos, siempre generó preocupación social y sobre todo impunidad e indefensión. Con la expedición del Código Orgánico Integral Penal, COIP, se reconocen tres tipos de procedimientos, para la tramitación del proceso penal, como lo señalan los artículos 580, 634 y 647, que son el “ordinario”, “los procedimientos especiales”; y, el “procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal”. Este procedimiento, es nuevo en nuestra estructura procesal penal concentra todas las etapas en una sola audiencia y procede para los delitos calificados como flagrantes, pero sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años; cuya definición de flagrancia, está descrita en el artículo 527 del COIP, indicando: “que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión”. También el Procedimiento Directo aplica a los delitos contra la propiedad, cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general, calificados como flagrantes; pero quedan excluidos de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El juez de garantías penales, perteneciente a la unidad de flagrancia, es el competente para sustanciar y resolver el procedimiento directo, con lo que queda superado cualquier discrepancia jurídica respecto a la competencia, ya que para conocer, tramitar y sentenciar mediante procedimiento directo el competente es el juez de garantías penales y no el tribunal de garantías penales, ya que el juzgador unipersonal es el único que lo conocerá y dispondrá que el procedimiento a seguirse sea el directo, como lo expresa el artículo 529 COIP cuando dice: “En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. La o el fiscal, de considerarlo necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares y de protección que el caso amerite y se determinará el proceso correspondiente”; luego de que haya calificado la flagrancia; para lo cual, el juez o jueza, en el plazo de 10 días (contados desde la audiencia de flagrancia), convocará para la realización de la audiencia de juicio directo, en la cual dictará sentencia. En la presente investigación se realizará un análisis pormenorizado jurídico y doctrinario sobre el procedimiento directo, debemos manifestar que el mismo vulnera el debido proceso, derecho a la defensa y la presunción de inocencia, tomándose en consideración lo siguiente: “una vez calificada la flagrancia el Juez señalará día y hora para que se lleve a cabo la correspondiente audiencia de Juzgamiento, en el plazo de diez días”, de esta forma se violenta el derecho a la defensa, ya que en el plazo de diez días, las partes procesales no podrán realizar una defensa técnica adecuada por el tiempo escaso de diez días ya que una vez fenecido este término de prueba podrían aparecer testigos relevantes que hayan presenciado el hecho y de esta forma las partes pueden quedar en la indefensión , así mismo, cuando las partes solicitaren pruebas en las que requieran la intervención de técnicos, peritos o médicos, en el plazo de diez días dichos funcionarios no cuentan con el tiempo prudente para poder entregar dichas experticias. Este procedimiento desde el punto de vista jurídico se ha convertido en una máquina de realizar sentencias, condenando inocentes ya que en el plazo de diez días no se podrá realizar una defensa técnica esto se corroborará dentro de la presente investigación violentándose el derecho a la defensa presunción de inocencia y debido proceso.