LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 813, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 489 DEL 12 DE JULIO DE 2011

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los servidores un sinnúmero de derechos, tales como la estabilidad laboral, la libertad del trabajo, la obligatoriedad, la irrenunciabilidad, la intangibilidad de los derechos; sin embargo he podido darme cuenta mediante el desarrollo de la presente tesis, estos derechos se ven conculcados, mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 813, relacionado a la compra de renuncias obligatorias El 7 de julio de 2011, el Ejecutivo, haciendo uso del derecho que la ley le permite de modificar la ley pero no su espíritu, promulga el Decreto Ejecutivo Nro. 813, mediante el cual pretende modificar la ley, creando la figura hasta hoy inexistente de la renuncia obligatoria, con esta figura se intenta reducir el número de servidores públicos con la novedad que siguen vigentes las partidas presupuestarias. Es decir que a diferencia de la compra de renuncias de años anteriores, donde se eliminó al personal suprimiendo también sus partidas presupuestarias, hoy se pretende, retirar al personal pero las partidas siguen vigentes Por lo expuesto, el trabajo y su estabilidad es un Derecho constitucional, cuyo incumplimiento es sujeto de sanciones legales, por tanto el cambio que se pretende dar al Art. 8 de la LOSEP con la renuncia obligatoria, deberá ser sancionado como un acto inconstitucional que afecta de forma directa a la vida 3 del ser humano; toda vez que la Renuncia Obligatoria no está determinada en ningún cuerpo legal y se resumen a la terminación unilateral y obligatoria del contrato de trabajo realizado entre el Estado y el servidor público. Es decir es una forma de obligarle al servidor público a renunciar, pagándole indemnizaciones irrisorias, sin considerar el tiempo laborado por dichos servidores públicos, por lo que considero se debe plantear una reforma urgente a dicha normativa legal, relacionado a la compra de renuncias obligatorias, a fin de tutelar el derecho al trabajo, establecido en la Carta Magna