LA DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON PASADO JUDICIAL PARA OCUPAR UN PUESTO, CARGO, FUNCIÓN O DIGNIDAD PUBLICA, VULNERAN LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

Abstract

La discriminación es un problema social, que se encuentra en todos los niveles de nuestra sociedad. La discriminación por parte del Estado ocasiona que se fomente el irrespeto de los principios y derechos constitucionales. “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”1. La supremacía constitucional es un principio universalmente aceptado y reconocido por la mayor parte de las constituciones del mundo, constituye un elemento esencial para garantizar su eficacia y no solo se queden en meros postulados. La Ley Orgánica de Servicio Publico establece en su art. 10 como prohibición especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público, haberse dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado. 1 Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 449 - lunes 20 de octubre del 2008. Pg. 189. 3 Esta disipación colisiona con un deber primordial que tiene nuestro Estado, el de “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales”2. Menoscaba el principio de igualdad ante la Ley y la prohibición de no discriminación por pasado judicial, vulnerando además el derechos al trabajo y de participación. “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”3. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a “elegir y ser elegidos”4, a “desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional”5. 2 Art. 3, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 449 - lunes 20 de octubre del 2008. Pg. 16. 3 Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 449 - lunes 20 de octubre del 2008. Pg. 29. 4 Art. 61, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 449 - lunes 20 de octubre del 2008. Pg. 45. 5 Art. 61, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 449 - lunes 20 de octubre del 2008. Pg. 45 4 Estos deberes, principios y derechos constitucionales mencionados anteriormente son esenciales para asegurar la dignidad como ser humano, el real reconocimiento del buen vivir, de este grupo de personas vulnerables que han cumplido con una sentencia condenatoria ejecutoriada. Lo determinado en el Art. 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público, es totalmente incoherente con los postulados constitucionales, carece de sustento constitucional. La inconstitucionalidad de esta norma requiere una urgente reforma para que se puedan respetar los derechos fundamentales de todas y todos los ecuatorianos.