Necesidad de tipificar como figura penal, la prohibición del trabajo de menores de 15 años de edad sin relación de dependencia, a los empleadores transgresores, como mecanismo garantista de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Abstract

El presente trabajo de investigación jurídica se remite a establecer la prohibición del trabajo de menores de 15 años de edad, cuya modalidad no tiene relación de dependencia, su calidad de grupo vulnerable a decir de la Constitución de la República del Ecuador, así como los valores personalísimos cuyos derechos se esgrimen en el Código de la Niñez y Adolescencia. La posibilidad de garantizar la estabilidad y los proyectos de vida de los menores de edad, y la falta de normativa que resulta de ciertos actos dolosos por parte de empleadores que en procura de beneficio personal, violentan bienes jurídicos previamente tutelados, lo cual permite el desarrollo de conceptos y de literatura que trata sobre el tema en referencia, es decir, la prohibición expresa del trabajo de menores de quince años de edad. La normativa jurídica, al tenor de la Constitución de la República del Ecuador, como del Código del Trabajo, y los fundamentos del Código de la Niñez y Adolescencia, permitieron desarrollar con armonía, una crítica suficiente, y el análisis oportuno, para establecer ciertos parámetros que sirvieron para la propuesta jurídica en beneficio de los menores de edad, así mismo se logró contrastar el tema, con las legislaciones foráneas, como el caso de la Chilena y Guatemala, que a decir, del trabajo de menores y la prohibición del trabajo, tienen una sugerencia normativa adecuada, sin embargo, no existe, una punición, respecto de la trasgresión de dicha prohibición. Finalmente, se produce el tema cuyo problema principal, en la falta de protección del menor de edad, frente a ciertas necesidades que los ubica en la posibilidad de prestar servicios, pero en forma clandestina, cuyo manejo doloso es de parte de empleadores que ocultan la explotación del trabajo de menores, y que sin embargo, no se ha logrado, canalizar alternativas adecuadas, para sancionar, lo cual efectivamente lesiona bienes jurídicos tutelados, como la integridad, la salud y hasta la vida.