La evaluación de los servidores públicos y la necesidad de garantizar el derecho a la estabilidad en la ley orgánica del servicio público

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, proclama que uno de los principios en que se basa la administración pública ecuatoriana, es el de evaluación, que se aplica con la finalidad de determinar falencias y mejorar los resultados; además consagra que los derechos de las servidoras y servidores públicos, entre ellos la estabilidad laboral, son irrenunciables; y, determina el deber del Estado ecuatoriano de capacitar y formar de forma permanente a sus servidores. Al revisar el régimen jurídico de la Ley Orgánica del Servicio Público, se observa que ésta determina como un efecto de la evaluación de desempeño, que los servidores que obtengan la calificación de insuficiente serán destituidos de su puesto, contradiciendo normas de la misma Ley y de su Reglamento General, que reconocen el derecho a la estabilidad laboral, y determinan que la destitución se aplicará entre otros casos cuando la calificación de insuficiente haya sido obtenida por el servidor público, en dos evaluaciones consecutiva, es decir cuando no se haya logrado superar ese nivel. Por lo tanto existe en la Ley Orgánica del Servicio Público, una disposición que permite que los resultados de la evaluación de desempeño, ocasionen una vulneración al derecho a la estabilidad, y se convierta en un medio coercitivo, por el cual un servidor público, puede ser sancionado incluso con la destitución, sin tener la oportunidad de someterse a un nuevo proceso evaluativo. Por lo tanto, para estudiar el problema jurídico, que a su vez ocasiona conflictos institucionales y sociales, es que se ha elaborado este trabajo titulado: “LA EVALUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LA NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO”. La investigación como no puede ser de otra manera se desarrolla de acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y concluye con el planteamiento de una reforma jurídica orientada a superar o por lo menos plantear una alternativa legal para el problema estudiado.