Necesidad de establecer el derecho a la muerte digna en la Constitución

Abstract

En la Constitución expedida en el 2008, se desplegó varios horizontes, en diferentes materias especialmente en lo referente a Derechos inalienables y fundamentales, para todas las personas dentro del territorio nacional, de los cuales establece todo un capitulo para los Derechos de los ciudadanos ecuatorianos, garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

Sin embargo, considero reconocer libre y voluntariamente, el derecho a morir dignamente, a pacientes con patologías terminales con enfermedades irreversibles, incurables ó con muerte cerebral que no se encuentra en las mejores condiciones de salud, en los que la medicina ya no logra tener resultados positivos.

La propuesta del derecho a morir dignamente está encaminada a los pacientes o enfermos terminales,, con la aprobación anticipada del mismo paciente o de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o su cónyuge o conviviente en Unión Libre, en caso de que haya perdido su conciencia, la forma de hacerlo será a través de un documento de voluntad anticipada, que reposará en la historia clínica del paciente, a partir de la emisión del documento, con lo que se permitirá soslayar el sufrimiento de estos ciudadanos.

La muerte digna es un camino para que estas personas al encontrarse en desmedro de su salud, obtengan la facultad de decidir libremente sobre su salud, en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en los caso de diagnóstico de enfermedades terminales, incurables irreversibles o con muerte cerebral, para evitar alargar más el sufrimiento y dolor del paciente y su familia.

Consecuencia de la carencia de la norma legislativa para la muerte digna se ha dado lugar especialmente en las clínicas privadas, miren al paciente como fuente de dinero, y no como ser humano, ya que al prolongar su vida con una serie de equipos tecnológicos médicos sofisticados, recargan al paciente y su familia los efectos emocionales y económicos, por el costo de la prestación de equipos que mantienen con vida artificial al paciente terminal.

Se evidencia que los pacientes con enfermedades terminales al carecer de una ley a la que puedan acogerse, para cumplir con su autonomía, y decidir por el derecho a morir, no les queda otro remedio que prolongar sus padecimientos hasta el fin de su existencia. En la medida que se pueda legislar, es necesario abrir los ojos a nuevas posibilidades legales, procurando a esos pacientes el derecho a una muerte digna, sin dolores y con el convencimiento que todo ser humano se merece concluir la última etapa de sus vidas con dignidad.

En atención a esta problemática es necesario incluir en la Constitución de la República del Ecuador en el Capitulo V referente a los Derechos de libertad, una sección para la “Muerte Digna”, para que se garantice a los pacientes con patologías terminales, irreversibles, incurables ó con muerte cerebral, se les reconozca de forma voluntaria y autónoma el derecho a morir dignamente