Reformas legales al art. 33 de la Ley Orgánica De Contratación Pública, relacionado a la declaratoria de procedimiento desierto

Abstract

El Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Dentro de este contexto, los principios de transparencia y publicidad se constituyen en medios para proteger la integridad de las actuaciones de la Administración Pública, es decir, su aplicación se traduce en mecanismos para cumplir con los valores y bases de toda democracia y para evitar la temida corrupción. La Carta Magna, al referirse a al sector público, en el Art. 225 señala que la conforman a. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; b. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; c. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; d. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos, por ende todas estas instituciones

deberán seguir los lineamientos establecidos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para efectos de celebrar un contrato público. De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, nuestro país, es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés general, entre cuyos fines esenciales se encuentra el servir a la comunidad y promover la prosperidad general, garantizar los principios, deberes y derechos consagrados constitucionalmente. Para el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz. De acuerdo a lo que dispone el art. 33 de la Ley Orgánica de Contratación Pública, la máxima autoridad de la Entidad Contratante, siempre antes de resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los siguientes casos: a. Por no haberse presentado oferta alguna; b. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos; c. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y, d. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas. A mi criterio considero que es necesario incrementar otras causas por las cuales la entidad, puede declarar desierto el procedimiento, tales, como: a. Que el procedimiento tenga omisiones o desviaciones sustanciales a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. b.Que suministre información falsa; y. c) Cuando el adjudicatario no celebre el contrato dentro del término establecido por esta Ley, con la finalidad de buscar soluciones, que ayuden a mejorar y tener una norma eficaz, eficiente, que permita cumplir con el fin que tiene la Administración Pública como es satisfacer las necesidades colectivas e institucionales y así evitar falencias, que pueden afectar a las partes contratantes, en aras de evitar inconvenientes que puede acarrear serios problemas, sean estos legales, técnicos o económicos