Inaplicabilidad del art. 26 de la Ley Orgánica de Comunicación cuando el linchamiento mediático es generado desde la Superintendencia de La Información y Comunicación

Abstract

La propuesta de investigación jurídica que planteo tiene como fundamento jurídico a la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 22 de fecha 25 de junio de 2013; y en principio resalto el tenor del art. 1 que en forma enfática dice que el objeto de la misa es desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. La ley en mención plantea un sistema de control de todas las actividades de comunicación pública y privadas, encontrándose de por medio, la regulación de uno de los derechos civiles y actualmente de acuerdo a nuestra Constitución vigente uno de los derechos de libertad más trascendental como en efecto lo es el de la libertad de expresión y de pensamiento:

“Art. 6. Se reconoce y garantiza a las personas: (…) “El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.(…)”

La problemática desde que entra en vigencia esta ley tiene como antecedente los excesos en las facultades e intervención de la Superintendencia de la Información y Comunicación que de acuerdo al art. 55 es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación;

Uno de los atropellos que identifico en la normativa materia de análisis es la figura del linchamiento mediático, por haberse constituido en un contrasentido del propio derecho a la libertad de expresarse y comunicar; la disposición normativa sobre esta figura refiere:

“Art. 26.- Linchamiento mediático.-Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.

La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas:

1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal información. 2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.”

El problema se presenta cuando es la Superintendencia de la Información y Comunicación la que incurre en prácticas de linchamiento mediático a través de sus transmisiones o cadenas dispuestas en los medios de comunicación para desprestigiar y afectar la honra y la reputación de opositores políticos al régimen o ciudadanos apolíticos que no concuerdan con la filosofía de gestión y administración gubernamental, produciéndose con ello una verdadera vulneración de derechos constitucionales y dejando en evidencia la actuación prepotente de un órgano como la Superintendencia quien no es controlada por ningún ente institucional y tiene pase libre para ejercer el linchamiento mediático