Reforma al art. 88 de la Ley de Sustancias Estupefacientes Y Psicotrópicas relacionado a la prescripción de la acción penal

Abstract

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, establece en su numeral 1 que se garantiza “El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”1. 1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Ediciones Legales; Art.30; Pág. 6 2 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. Corporación de Ediciones Legales; Art.75. Pág. 33 Es decir que este cuerpo legal nos garantiza el derecho y la libertad de gozar de una vida digna, respetando los derechos de la sociedad en general, quedando prohibido la inviolabilidad de este derecho. De ahí que en la actualidad, son agravantes los altos niveles de delincuencia, en donde se da muerte a la víctima, sin que exista un medio para que la pena que sanciona este delito sea imprescriptible, ya que existen casos que los delincuentes esperan que transcurra el tiempo para la prescripción de la pena, para ya no cumplir con la justicia. Cabe mencionar que el Código Integral Penal en su Art. 75 último inciso determina tan solo que “No prescriben las penas determinadas en las infracciones de agresión, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, crímenes de agresión a un estado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y daños ambientales”2 3 Mientras que la Ley de Sustancias Estupefacientes Y Psicotrópicas en su Art.88, menciona que “La acción penal por la comisión de los delitos tipificados en esta Ley prescribirá en el doble del tiempo de la pena máxima prevista para cada infracción, sin que el plazo pueda exceder de veinte y cinco años. El referido plazo se contará desde la fecha en que el delito fue perpetrado, de no haber enjuiciamiento y, de haberlo, desde la fecha de la resolución de instrucción fiscal La pena prescribirá en un tiempo igual al doble de la condena, pero el plazo de prescripción nunca será mayor de cuarenta años ni menor de cinco años”3. Siendo necesaria una reforma jurídica a este último cuerpo legal, ya el con el articulado existente en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se trasgrede el principio de seguridad jurídica que determina la Constitución de la República, en cuanto los delitos con relación con el consumo, manejo y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas