Necesidad de reformar el art. 62, de la Ley Orgánica De Servicio Público, en lo relacionado a la inobservancia de la jerarquía jurídica en la clasificación de los servidores públicos

Abstract

La corrupción en nuestro país no es ni ha sido un fenómeno aislado en la sociedad, al igual que la práctica exclusiva de grupos de personas que son pate del departamento de talento humano de todas las instituciones del Estado, en complicidad con hombres de empresa y organizaciones privadas.

En esta red de la corrupción, han caído todos los miembros representativos de la sociedad; desde los jefes departamentales con súper poderes, que, con o sin razón, delinque y viola impúdicamente las leyes en pos de un provecho; pasando por un profesional, un político o un empleado público; hasta un humilde ciudadano, este tipo de conducta ha sido una constante en la historia del Ecuador, iniciando con la primera presidencia del General Flores como un gran falsificador de dinero, luego, la corrupción se ha convertido en un complicado fenómeno que debe observarse desde planos diversos para hallarle mecanismos de control.

La dificultad se magnifica porque no hay explicaciones razonables, por sus dimensiones, la respuesta a los problemas de la corrupción administrativa en el Ecuador no puede quedarse en la muletilla jurídico-penal de siempre, que para corregir los delitos, se crean más leyes, más sanciones, pero la corrupción avanza aceleradamente y se vuelve difícil de controlarla. Asimismo, se ve con frecuencia en los medios de comunicación señalamientos de inconstitucionalidad de las decisiones de la Contraloría General de la República, declaratorias de responsabilidad administrativa y consecuente inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de los afectados, así como interposición de demandas de nulidad contra las mismas, el representativo de la contraloría en sus entrevistas manifiesta que ha glosado a miles de personas y la justicia continua con su ceguera ante estos actos, lo mismo ocurre con el fiscal general de la nación que tiene muchos casos por resolver que tienen relación directa con la corrupción, como el caso del hermano y primo del presidente por nombrar unos casos, ahora que podríamos decir de la administración que realiza el departamento de talento humano no es el adecuado que puede ser por compromiso político, familiar, por desconocimiento o por presiones políticas de los superiores inmediatos.

La corrupción en el ejercicio de la función pública, requiere determinar el tipo de responsabilidad vinculada a la misma y que son independientes entre sí pero pueden estar asociadas a un mismo hecho o acto de corrupción, porque, los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, pueden incurrir en cinco tipos de responsabilidad; civil, penal, administrativa, disciplinaria y política, las cuales pueden existir conjunta o separadamente, a las que se les suma la responsabilidad moral derivada esta última por efecto de la determinación de las anteriores o en cumplimiento de una norma específica constitucional, legal.

En el sentido amplio, la responsabilidad puede enunciarse como el efecto es favorable que recae sobre un sujeto, como consecuencia de su conducta, cuando la misma, constituida por una acción u omisión, ha violado una norma jurídica, produciendo un daño a uno de sus compañeros de labores, cuando está embestido, como sujeto de derecho y deberes y por su particular posición frente al conglomerado, debe responder por su conducta de acción u omisión una vez que le sea requerida por la autoridad correspondiente, lo cual se materializa en la determinación de su responsabilidad por tal acción u omisión.

La responsabilidad administrativa, comprobada en la cual un funcionario público, a cuyo cargo está el manejo de las personas, ha incurrido en acciones, hechos u omisiones antijurídicas y no excusables y cuyas peculiaridades fácticas encuadran dentro de los supuestos establecidos por la ley como generadores de responsabilidad administrativa, en contra de sus administrados, pues deben ser sancionados por el perjuicio causado por la ineptitud administrativa.

La responsabilidad jerárquica es aquella que se desarrollan las máximas autoridades o los superiores jerárquicos donde laboran los funcionarios a quienes ella afecta, cuando estos han incumplido las normas administrativas y que atenta contra las personas las cuales están bajo su administración, es decir aquellas que luego de haber asistido a cursos seminarios, haber obtenido títulos profesionales, haber concursado para optar por un ascenso para desempeñarse en un nuevo cargo, luego de habérselo ganado meritoriamente quienes son administradores del Talento Humano, los reubican pero sin reconocerles su nueva remuneración, lo cual constituye un perjuicio económico y una responsabilidad civil a la que debe enfrentarse el administrado, pero solo en el caso que existieran disposiciones legales para estos casos