SE DEBERIA SANCIONAR Y PENALIZAR A PERSONAS QUE TRAFIQUEN MEDICAMENTOS O SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD HUMANA EN EL ECUADOR.

Abstract

El presente trabajo de tesis contiene un estudio jurídico crítico que está orientado a determinar si se debería sancionar y penalizar a las personas que trafiquen medicamentos o sustancias nocivas para la Salud Humana en el Ecuador, para lo cual corresponde reformar el régimen penal determinando que se considere a la persona adulta como sujeto imputable por los actos ilícitos cometidos, por la razón que a los adultos la legislación nacional les faculta ejercer el voto facultativo, según la Constitución; es decir, se los considera como personas capaces, por lo tanto también deben responder penalmente por los delitos cometidos, y ser juzgados por los jueces penales comunes y por las leyes penales ordinarias. Con la investigación de la presente tesis, se ha podido determinar que en la administración de justicia de los Jueces de Paz, de conformidad con la normativa legal enmarcada en la Constitución de la República del Ecuador,Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley Orgánica de la Salud; Ley de Defensa del Consumidor, las sanciones que se imponen a los infractores se basan en la sanción correspondiente conforme a la ley, lo cual trae consigo que los infractores después de haber cometido un delito, sean procesados y privados de su libertad provisionalmente, y posterior a ello continúan en la habitualidad de actos delictivos, ya que no se pudo lograr realizar una verdadera rehabilitación social del infractor. El trabajo teórico y de campo de la presente tesis permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, los mismos que ayudaron a la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis planteadas permitiendo afianzar, los cambios propuestos. Concluyendo por lo tanto, la necesidad de realizar una reforma al Código Penal, Capítulo X de los Delitos contra la Salud Pública, Ley Orgánica de la Salud y Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, con el objeto de que los infractores sean juzgados por los jueces de Garantías Penales y leyes penales ordinarias, con lo cual estaríamos garantizando la seguridad jurídica y ciudadana en salvaguarda de los bienes jurídicos protegidos.