Sustitución de las penas privativas de libertad, para las personas que en las provincias fronterizas, puertos marítimos, o mar territorial, transporten o comercialicen sin la debida autorización productos derivados de hidrocarburos

Abstract

El actual trabajo de tesis titulado: “Sustitución de las penas privativas de libertad para las personas que en las provincias fronterizas, puertos marítimos o mar territorial, transporten o comercialicen sin la debida autorización productos derivados de hidrocarburos”, se proyecta mi interés por desarrollarlo, al observa a diario los problemas legales a que se someten personas de escasos recursos económicos por comercializar o transportar productos derivados de hidrocarburos o gas licuado de petróleo, siendo a esta clase de personas que la justicia les sanciona severamente, mientras que los grandes contrabandistas evaden a los operativos del gobiernos porque son alertados de estos acontecimientos represivos. El problema del contrabando en las fronteras y puertos marítimos es un problema de nunca acabar, porque todos los días se realizan estas actividades que se ha convertido en una actividad comercial que les permite sobrevivir a las personas de escasos recursos económicos que se dedican a esta actividad ilícita. A pesar de existir política criminal y operativos por el Ministerio del Interior, no ha sido posible frenar el contrabando que desde la década del setenta viene desarrollando en cada gobierno de turno.

Las personas procesadas por pequeñas cantidades de combustible son privadas de su libertad, sin permitirle otra medida sustitutiva a las penas privativas de libertad, de esta manera el Estado incumple la norma Constitucional de que la pena privativa de libertad es de última opción y debe dictarse otras, que no limiten la libertad individual de las personas. Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal se tipifica el tipo penal del delitos de transporte, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles, en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, reprimido con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Esta pena debe ser modificada y permitirse las penas privativas de libertad del Art. 60 del mismo Código, previo a garantizar la integridad personal y derecho a la libertad individual del procesado, con trabajos comunitarios.

El desarrollo de la literatura y los resultados de la encuesta y entrevistas, me permitió obtener criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que aportaron a la verificación de objetivos, y la contrastación de la hipótesis planteada, permitiendo apoyar los cambios propuestos al Código Orgánico Integral Penal. El contenido de la presente tesis es resultado de una ardua investigación jurídica de la autora en el ámbito científico, jurídico, social y metodológico, que aborda teorías y conocimientos obtenidos por medio de técnicas