Necesidad de reformar al art. 81 de la Ley Orgánica de servicio público, en cuanto a la obligatoriedad de los adultos mayores de 70 años de retirarse del servicio público y cesar en su puesto de trabajo

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador promulgado en el año 2008 establece y protege los derechos del ser humano, naturales y adquiridos conforme el universo ha ido evolucionando y conforme instrumentos internacionales que garantizan los Derechos Universales del ser Humano; es así que en el Ecuador los derechos de los ecuatorianos se encuentran tipificados en sus preceptos constitucionales, leyes, normas y reglamentos. Así en su Art. 11 tipifica que: “Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.” Este precepto constitucional toma como base para el ejercicio de los Derechos el principio de Igualdad, ya que para el ejercicio tanto de los derechos como de las obligaciones que como ciudadanos tenemos se nos considerará sin discriminación, ya que todos somos iguales ante la ley. Uno de los Derechos Fundamentales del Ser Humano es el derecho al trabajo, Art. 33 de la Constitución establece; “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” El Estado ecuatoriano, garantiza el Derecho al Trabajo, protege en todo momento esta institución jurídica, permitiendo el acceso a toda persona a un trabajo digno, remunerado, en cualquier momento de su vida, basado en el principio de igualdad Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertas y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad” Lo establecido en la Constitución de la República es sumamente claro, en cuanto a los derechos de las personas adultas mayores, donde se estable que gozarán de los mismos derechos e inclusive algunos especiales. Además, establece la existencia de una protección especial en contra de la explotación laboral a estas personas y determina como política de Estado, fomentar la participación y el trabajo de este grupo, respetando su condición de seres humanos y de sujetos de derechos y obligaciones siempre basado en el principio de igualdad y no discriminación. En discordancia a estos preceptos constitucionales se encuentra el Art.81 de la Ley Orgánica de Servicio Público que determina que: “̈Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley, cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, habrán llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público, independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados, sin que puedan ascender. A las servidoras y servidores que, a partir de dicha edad, cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y compensación económica, de conformidad con lo determinado en la Disposición General Primera. Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación conforme a la Disposición General Primera.” Como se puede notar están siendo sujetos de vulneración del derecho al trabajo todos los servidores y servidores que laboran en todas las instituciones y organismos del Estado, ya que si ahora no son adultos mayores mañana lo van a ser, siendo esto un atentado a los principios del Servicio Público y más aun irrespetando los derechos que esta misma Ley Orgánica los establece en su Art. 23 derechos de los servidores públicos, específicamente en el literal “a”. De ahí que es necesario que se reforme al art. 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en cuanto a la obligatoriedad de los adultos mayores de 70 años de retirarse del servicio público y cesar en su puesto de trabajo, por cuanto se vulneran principios constitucionales como el de estabilidad laboral