El procedimiento directo en el código orgánico integral penal y las limitaciones al derecho a la defensa”

Abstract

En la presente Tesis y Propuesta Jurídica realizo un análisis minucioso de los Pro y los Contras de uno de los Procedimientos Especiales que se han incorporado con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, destinados a agilitar la forma de administrar justicia en nuestro País. Procedimientos Especiales que encontramos en el Artículo 634 de este cuerpo legal. En donde se establecen las clases de Procedimientos Especiales: a saber 1.- Procedimiento Abreviado, 2.- Procedimiento Directo, 3.- Procedimiento Expedito y 4.- Procedimiento para el Ejercicio Privado de la Acción Penal.

De estos Procedimientos Especiales en el Artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal se detalla en qué consiste el objeto de esta Investigación Doctrinaria y Jurídica; El Procedimiento Directo, el cual si bien es cierto está destinado a agilizar los trámites judiciales en delitos flagrantes considerados menores, ya que su importancia radica en que una vez efectuada la Audiencia de Flagrancia a una persona que se le ha detenido o privado de su libertad, si el Juez cree que existen indicios suficientes para determinar la culpabilidad del sospechoso, debe realizarse dentro de los diez días posteriores una Audiencia Única que concentra todos los procesos del juicio penal, en donde se ratificará el estado de Inocencia del Procesado o se establecerá la Culpabilidad del mismo.

En este mismo artículo se manifiesta que las pruebas deben anunciarse máximo hasta 3 días antes de esta Audiencia. Es decir los Sujetos Procesales en el mejor de los casos tienen siete días, para anunciar prueba, tiempo que estimo demasiado corto y que termina afectando si bien es cierto a las dos partes, principalmente afecta el derecho constitucional a la defensa que manifiesta que se debe contar con el tiempo suficiente para preparar esta, lo cual está contemplado en el Artículo 76.numeral 7 literal b de la Constitución de la República del Ecuador y que además es una de las garantías judiciales previstas en el Articulo 8 numeral 2 literal c, de la Convención Americana de Derechos Humanos que en su parte pertinente concede al inculpado del tiempo y los medios necesarios para su defensa.

Es así que estoy convencido que privilegiando el Principio de Celeridad Procesal no se puede ni se debe afectar la Tutela Judicial Efectiva ni el Debido Proceso en lo relacionado al Derecho a la Defensa, con un Trámite Sumarísimo como es el Juicio Directo, como actualmente está sucediendo