Refórmese la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, el artículo 30, en relación a los requisitos que debe cumplir la demanda en la acción contencioso administrativa

Abstract

El concepto de tutela judicial efectiva, se encuentra recogido en el artículo 75 de la Constitución de la República, su importancia radica en la opción que tiene todo ciudadano de ejercer su derecho impugnatorio. Esto involucra el poder escoger entre las diversas opciones impugnatorias a las cuales tenemos lugar y opción de acudir cuando nuestros derechos sean vulnerados. La conveniencia de la constitucionalidad del derecho a la tutela judicial efectiva resalta desde todo punto de vista, no solo porque de esta manera sus múltiples manifestaciones adquieren la relevancia necesaria y se contagian, si cabe el término, de esta característica, sino también porque en el ámbito del proceso, las “promesas de certidumbre y coerción propias de las normas jurídicas” adquieren eficacia. Una correcta aplicación de la tutela judicial efectiva, contribuye al ejercicio correcto del Debido Proceso, lo que no abarca solo las garantías del proceso, pues tiene fundamentación axiológica, ya que nos encontramos ante un concepto cuyos alcances no solamente se limitan a un escenario jurisdiccional, sino que son alegables tanto en un ámbito administrativo como incluso en relaciones corporativas entre particulares; y, además, que no se limita al mero cumplimiento de ciertas pausas sino que está internamente ligado a la consecuencia del valor justicia; por lo tanto el fundamento jurídico lógico, desde el punto de vista axiológico el debido proceso, desarrolla dos principios fundamentales: la dignidad humana y la justicia, señalándose que si consideramos a la dignidad como el valor, consiste en la estimativa y respeto a nosotros mismos por consiguiente también a los demás, y por considerarnos entes valientes, por nuestra propia naturaleza y aunque este valor también es el fundamento de los demás derechos fundamentales; la justicia, si representa en un fundamento axiológico exclusivo o casi exclusivo del debido proceso. El debido proceso es una condición o conjunto de condiciones cuando menos de la justicia. La certidumbre respecto de la existencia de requisitos formales y sustanciales objetivamente aplicables, se refleja en el contenido de una demanda a través de la cual se pretende procesalmente alcanza la justicia. La jurisdicción contencioso administrativa al permitir ejercer el derecho de tutela efectiva conforme las reglas del debido proceso, debe alinear su procedimiento conforme las normas constitucionales jerárquicamente superiores, para la protección de los derechos y garantías constitucionales. En conclusión, el proceso judicial, conlleva una dinámica interacción entre: tutela judicial efectiva, debido proceso y el derecho a impugnar; lo que en conjunto garantiza la aplicación de los diversos principios procesales y derechos inherentes a las personas, siendo de esta manera la impugnación contencioso administrativa una vía más para la tutela efectiva de nuestros derechos