Conveniencia de implementar el sistema de jurados en el Ecuador

Abstract

La presente investigación se refiere a uno de los más graves problemas que presenta la administración de justicia penal en el Ecuador, como es la incapacidad para garantizar los principios sustanciales de independencia e imparcialidad de los jueces, cuestión que como bien sabemos, no se ha podido cristalizar en nuestro país, dada la tendencia del poder político a contaminar los órganos judiciales para utilizarlos como herramienta de dominación y persecución a quienes disientan con los que detentan el poder o con los jerarcas de los poderes fácticos que desde hace muchos años han imperado en el territorio nacional. Es por ello que ha surgido en nosotros la inquietud por desarrollar un pormenorizado estudio en torno a la posibilidad de instauración de un sistema de jurados en el Ecuador como medio de promover una mayor independencia e imparcialidad en los órganos de jurisdicción penal, materializando de esta forma la garantía del debido proceso establecida en el Art. 76, numeral 7, literal k) de la Constitución de la República; con esta finalidad se ha desarrollado una amplia base teórica relacionada al derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica como premisas del Estado constitucional, así como también en cuanto al sistema de jurados, sus orígenes históricos, su evolución, su compatibilidad con el proceso penal acusatorio oral, y finalmente su conveniencia de aplicación en el medio nacional, en función de las características y necesidades de la administración de justicia penal, llegando a la conclusión de que es indispensable la aplicación del sistema de jurados como herramienta idónea para fortalecer la democracia participativa, para involucrar al pueblo en tareas de interacción con la Función Judicial, para recuperar los índices de confianza y credibilidad de la colectividad en los jueces, y ante todo para viabilizar la solidificación de los principios de independencia e imparcialidad de la señalada función, como vía indispensable para una plena realización del derecho a la seguridad jurídica y del debido proceso.