Incorporese la privación definitiva de la patria potestad, a los padres y familiares encargados de las niñas, niños y adolescentes, cuando sea inducido a cometer actos de corrupción, con el fin de garantizar el interés superior del menor

Abstract

El derecho de menores, se constituye como una ciencia incorporada en favor de los entes sociales, que la legislación lo ha caracterizado como ente vulnerable, por su calidad y naturaleza, lo que torna la institución jurídica, como un elemento cuyo propósito es mantener el orden social y evitar la perturbación del grupo social bajo el esquema del bien común. La investigación, ha logrado establecerse como una referencia literaria, de orden social exclusivamente, puesto que las circunstancias lógicas y jurídicas, constan dentro del marco legal, en función de la intervención de los jueces de derecho, quienes están encargados de velar por el interés superior del niño y adolescente. El problema consiste específicamente en canalizar la forma, naturaleza y circunstancias en como deba producirse el ejercicio propio de la Patria Potestad, y que en su contexto jurídico, un Juez de derecho, entregue los derechos exclusivos, a personas cuyo interés específico será el bienestar del menor, que por decir lo menos, es sometido a la institución jurídica antes referida, es decir, la posibilidad de entregar una responsabilidad tan importante a personas que deban ejercer con efectividad tal posición. Es conocido que los menores están considerados como la herramienta de grandes mafias criminales, por lo tanto, son vulnerables frente a la intervención de la delincuencia, que precisamente los toma para hacer más fácil, la ejecución de actos delictuosos, en contra de la misma sociedad, es decir, se convierte en un asunto, de flagrante conmoción social, puesto que además, los menores, a más de ser utilizados como herramienta de la delincuencia son víctimas de tal. Los conflictos son secuencia de la realidad social, sin embargo, el desarrollo de la investigación, me ha llevado a establecer alternativas de solución, como el hecho de canalizar, ciertas figuras penales, que eviten, la entrega de menores en manos de personas, que aun siendo sus familiares, y por algunos factores socio – económicos, los ponen en peligro, entonces, sancionar con efectividad privando de la patria potestad, a quienes promuevan o induzcan a los menores para el cometimiento de actos de corrupción, cuyo fin global y prioritario es respetar el principio conocido como el interés superior de niño y adolescente.