NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO COMO PROHIBICIÓN ESPECIAL, EL IMPEDIMENTO AL REINGRESO A OCUPAR O DESEMPEÑAR UN CARGO O FUNCIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO, AL FUNCIONARIO QUE HAYA SIDO DESTITUIDO POR ATENTAR CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

Abstract

Un Estado moderno no puede existirsi no dispone de una administración pública también moderna, esta administración moderna por otro lado, tampoco puede existir si no es conducida por servidores públicos altamente capacitados y actualizados en las dos funciones básicas de un Estado, que puedan diseñar políticas y programas de solución a estos problemas; y que así mismo puedan aplicar estas políticas y evaluar sus resultados. Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, se denomina también un Estado Social de Derecho, que implica la obligación positiva de intervenir para generar bienestar para los ciudadanos, y, es a partir de la afirmación definitiva de la supremacía de la Constitución sobre todas las normas del ordenamiento jurídico, derivado de un nuevo carácter normativo de esta, que se establece en una reconstrucción de todo el sistema jurídico, en el que los derechos fundamentales, se transforman en el eje central del sistema, difundiendo sus efectos sobre todas las demás normas e instituciones jurídicas. Sin embargo, entendemos que la justicia social se ha convertido en uno de los puntos claves de las concepciones políticas modernas, entonces, cuando se hablo de un Estado, se hizo para asimilarse con un Estado regido por normas constitucionales y legales y que no está sometido a ninguna voluntad arbitraria de un solo autor o ideología política. El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia; soberano e independiente, que se organiza en forma de República, sobre la base de su unidad indisoluble, el Ecuador se gobierna descentralizada y desconcentradamente, mediante un régimen de autonomías, para integrararmónica, solidaria y equitativamente el territorio nacional. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad de los órganos del poder público. Se ejerce a través de los medios de participación directa por representantes libremente elegidos conforme lo establece la Constitución.