INCORPORAR REFORMAS PARA LA PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y MÁS PARTICIPANTES PROCESALES, QUE GARANTICE EFECTIVAMENTE SU DERECHO DE PROTECCIÓN EN EL PROCESO PENAL

Abstract

El Derecho Penal, se constituye en el mecanismo legal, que se encarga de proteger los derechos de las personas, en sus particulares y generales bienes jurídicos, actúa como instrumento legal o de tutela efectiva, para los miembros de la sociedad en su conjunto, por lo cual, el Estado establece una serie de alternativas jurídicas a manera de instituciones y figuras que bajo el régimen normativo se aplica a través de los Jueces de Derecho. El procesamiento penal, es también la herramienta por medio de la cual de derecho penal funciona, es aquel referente procedimental de importancia para canalizar cada una de las acciones que deban practicarse dentro de un proceso penal. Además se observa la forma en cómo las partes de un proceso intervienen como elementos que reunidos permiten concretar el hecho puesto en conocimiento de las autoridades jurisdiccionales. Dentro de los aspectos normativos conexos que mantiene la ley penal, está precisamente la reglamentación de protección de víctimas, testigos y más participantes en el proceso penal, régimen que permite proteger en debida forma la integridad física y psicológica de las personas que forman parte de un proceso penal, y que por circunstancias de extremo orden, necesitan protección, y asistencia gubernamental, a fin de garantizar la integridad de sus derechos expeditos. Teniendo como referencia el derecho penal, la formulación de alternativas que permitan reducir el índice de amenazas, intimidación o cualquier tipo de injerencia en las víctimas, testigos y otros participantes del Proceso Penal, se ha determinado ciertas directrices que permitirían solventar cualquier intento de violación a los derechos establecidos por la Ley, para el ejercicio pleno del derecho procesal penal en el Ecuador. Tanto el Código de Procedimiento Penal, como el Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y Asistencia a las Víctimas, Testigos y demás Participantes en el Proceso Penal, observa algunas alternativas por la cuales lar personas pueden acceder a este sistema de atención, pero como la investigación jurídica ha arrojado, ciertas alternativas de solución, es preciso dejar en claro que es necesario reformas que permitan una debida atención a las personas que requieres que se les proporcione el sistema en referencia.