LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO PÚBLICO, CUANDO ES QUIEN CONCEDE LA AUTORIZACIÓN DE CONCESIÓN MINERA A GRAN ESCALA DE LAS EMPRESAS EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce como derechos fundamentales de la población a vivir en un ambiente sano y a tener una vida digna, que asegure la salud, alimentación, el agua y saneamiento ambiental; así como también a vivir en un ambiente libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Los derechos del medio ambiente deben garantizar que se respete el ecosistema y la biodiversidad que son la base fundamental para mantener el equilibrio en la naturaleza y de esta forma propender a la sostenibilidad y buen vivir de la población, el sumakkawsay, estos derechos no pueden ser conculcados ni vulnerados bajo ninguna situación y en caso que se produzca la violación a estos, se sancione la infracción de acuerdo a la gravedad del cometimiento del ilícito, y si la infracción es mucho mayor y no se encuentra tipificada dentro del marco jurídico del Código Penal, se establezca lo normatividad para poder sancionar a quien o quienes son los responsables de la contaminación ambiental. Al Ecuador le falta mucho recorrido político y jurídico para crear las condiciones mínimas para regular la gran minería de modo que sea sustentable y beneficie a las comunidades locales y al país y no a las transnacionales y economías privadas. Uno de los retos más grandes que enfrentamos como sociedad es de insistir que el estado no destruya las bases de la sustentabilidad. La explotación minera que se la realiza de forma irresponsable, atenta gravemente a la salud de las personas, dejando una secuela de destrucción y contaminación del suelo, del agua, y del aire, generada por personas indolentes que no tienen en lo más mínimo el sentido de lo que es cuidar la naturaleza y no contaminarla, los funcionarios públicos que son los encargados del control y vigilar que no se la destruya, ellos mismos son los responsables de la contaminación al otorgar de manera fraudulenta los permisos de concesión minera para la explotación de los minerales. Lo más importante de todo es que no podemos seguir impulsando y peor aun profundizando un modelo de desarrollo extractivista, basado en la explotación del capital natural, generando gran cantidad de pasivos ambientales, que perjudican a los pueblos indígenas y comunidades que se encuentran en esos lugares o lugares aledaños. Según estudios realizados, en la región oriental y en otros lugares de nuestro país se ha logrado establecer que existen grandes cantidades de yacimientos de oro y cobre especialmente. La explotación irracional de estos recursos naturales no renovables, a más de destruir el habitad natural de la flora y fauna silvestre y el deterioro en gran magnitud de la naturaleza. Estas son algunas de los problemas que me motivaron a realizar la presente investigación, con la finalidad de dar un aporte que puede servir y ayudar a mitigar los problemas que se presentan durante el proceso de extracción y producción minera y además para poder con este modesto trabajo contribuir a la búsqueda de solución de la problemática planteada. El ecuador al ser definido como un Estado que basa su modelo de desarrollo en el buen vivir, lo que implica un cambio de paradigma en la estrategia por obtener recursos que satisfagan las necesidades de los ecuatorianos sin comprometer los patrimonios naturales que todavía dispone nuestro país. Por lo expuesto, en este trabajo investigativo y en base a los datos obtenidos en la investigación de campo, se confirma la necesidad de incorporar en el Código Penal la figura jurídica que se sancione a las personas y a los funcionarios públicos que con sus actuaciones y decisiones contribuyen y son causantes de la contaminación ambiental, por la mala práctica minera. Se ha demostrado que en efecto la contaminación ambiental está causando graves daños a los habitantes que viven en los sectores cercanos donde se realiza la actividad minera; por lo que se vuelve necesario que estas conductas sean tipificadas y sancionadas por el Código Penal ecuatoriano.