La Inembargabilidad de los Bienes Fiscales o Patrimoniales violenta la Tutela Judicial Efectiva y la Seguridad Jurídica

Abstract

El autor de este proyecto titulado "La Inembargabilidad de los Bienes Fiscales o Patrimoniales violenta la Tutela Judicial Efectiva y la Seguridad Jurídica" ha identificado la necesidad de llevar a cabo una investigación jurídica y doctrinaria que aborde las numerosas instancias legales en las que el Estado Ecuatoriano se encuentra involucrado como parte demandada o acusada por deudas significativas a personas naturales o jurídicas, estas deudas pueden surgir de indemnizaciones o contrataciones públicas, lo que lleva a una violación de la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica, además de generar una colisión normativa en la legislación pertinente al no poder ejecutar sentencias de este tipo. Uno de los escenarios más comunes que propician este problema es cuando el Estado contrata a empresas privadas para la realización de obras públicas, aunque se acuerda una forma de pago, el Estado no cumple con dicho acuerdo, incluso después de que la obra se haya completado, lo que conlleva a afectar a los representantes de las empresas contratadas, quienes presentan acciones judiciales para reclamar los pagos pendientes, a pesar de que se emite una orden judicial para que el Estado pague, este no cumple con la sentencia, argumentando falta de recursos. Los magistrados, ante esta situación, pueden iniciar un proceso de ejecución forzosa de la sentencia, imponiendo multas compulsivas y progresivas diarias, si esto no da resultado, el expediente se remite a la Fiscalía General para una investigación por incumplimiento de la orden judicial, estas acciones en la actualidad no dan resultado, sin embargo, existía una figura con la que se podía lograr la ejecución de dicha sentencia y era el embargo pero debido a la implementación de disposiciones en dos normativas como en el artículo 46 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y en el artículo 170 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ya no es posible embargar bienes ni cuentas del Estado para ejecutar sentencias judiciales para cubrir estos valores adeudados. Esta falta de ejecución de las sentencias constituye una clara vulneración de los derechos constitucionales y obstaculiza la efectividad del sistema judicial. La imposibilidad de ejecutar sentencias judiciales dictadas y fundamentadas socava la confianza en el sistema legal y genera

3 incertidumbre jurídica. Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de revisar estas normativas para garantizar la plena vigencia de la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica en el país.