LOS TÍTULOS EJECUTIVOS EN EL ECUADOR Y LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 413 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN RELACIÓN A LOS PAGARÉS Y LAS LETRAS DE CAMBIO

Abstract

Con el objetivo de determinar los efectos jurídicos, económicos y sociales del uso indebido de las letras de cambio y de los pagarés a la orden, para impulsar una reforma jurídica del Código de Procedimiento Civil, se realizó el presente trabajo investigativo iniciando en el marco conceptual por precisar algunas definiciones como título ejecutivo, juicio ejecutivo, letra de cambio y pagaré. En el marco doctrinario se procedió el análisis del juicio ejecutivo, de los títulos ejecutivos y especialmente de las letras de cambio y del pagaré, iniciando por la revisión histórica hasta las concepciones actuales. Luego en el marco jurídico analizamos las letras de cambio y el pagaré al tenor del Código de Comercio, Código de Procedimiento Civil y el Derecho Comparado. Las letras de cambio en sus inicios no fue aceptada como título ejecutivo por considerar que no contaba con el grado de autenticidad necesario; sin embargo, en la actualidad tiene dicha categoría en nuestra legislación procesal civil, y se encuentra regida por los principios de formalismo, abstracción, cambiaria, autonomía y la literalidad, según expresa William López. En lo que respecta al pagaré, éste fue utilizado por los comerciantes durante su viaje para no viajar con demasiado dinero, de tal forma que era entregado al banquero el mismo que lo devolvía en otro lugar acordado. Actualmente es empleado por las instituciones financieras en los préstamos que realizan a sus clientes para garantizarse el pago más los intereses del capital. El problema mayor que representan dichos instrumentos privados, es que tienen la categoría de ejecutivos sin que exista previo reconocimiento ante autoridad pública, situación que ha permitido a ciertos acreedores enriquecerse ilícitamente a costa de los bienes y recursos de los deudores de buena fe. Esta situación definitivamente tiene que cambiar para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las partes, sobre todo del deudor.