“REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PREVENTIVA CONTENIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO”

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, proclama que la privación de la libertad, se aplicará de manera excepcional, y que para ello los Jueces de Garantías Penales, podrán ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Una medida cautelar que puede dictarse a objeto de sustituir a la prisión preventiva es el arresto domiciliario, dicha sustitución se aplica siempre y cuando se cumplan los presupuestos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal. El Código en mención, dispone que procederá la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario, cuando el procesado sea una persona con discapacidad mayor al cincuenta por ciento, padezca de alguna enfermedad catastrófica, sea mayor de sesenta años de edad, o se trate de una mujer embarazada o parturienta; y establece como excepción aquellos procesos en los que se persiga un delito contra la administración pública, delito sexual, delito de odio, delito sancionado con reclusión, o que el procesado sea reincidente. Las excepciones antes planteadas, contradicen la norma constitucional de que la prisión preventiva podrá ser sustituida por medidas alternativas, y además de ello contravienen el principio de atención prioritaria y preferente que en todos los órdenes deben recibir las personas con discapacidad, los enfermos catastróficos y las mujeres embarazadas. Además de existir esa contradicción con los postulados constitucionales, no es admisible la excepción que se hace por cuanto la sustitución tiene como finalidad, preservar la integridad personal de personas que se encuentran en las circunstancias ya mencionadas, la que estaría a buen recaudo, si se dispone el arresto domiciliario. La problemática descrita se aborda en este trabajo, el mismo que se integra de una amplia base teórica, conceptual, doctrinaria y jurídica, así como en resultados obtenidos en un proceso investigativo de campo, los cuales permiten reunir los suficientes elementos para avanzar hacia la concreción de una propuesta jurídica orientada a superar el problema objeto de estudio.