Necesidad de implementar un inciso en el art 282 del COIP a quienes incumplan decisiones legitimas de autoridad competente en situaciones de emergencia sanitaria.

Abstract

El presente Trabajo de Investigación Curricular se titula “Necesidad de implementar un inciso en el art 282 del COIP a quienes incumplan decisiones legitimas de autoridad competente en situaciones de emergencia sanitaria”. Cuyo interés nace a raíz de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 mejor conocido como COVID-19. Enfermedad que tuvo su origen en la ciudad de Wuhan-china, a finales del mes de diciembre del 2019, en el que no solo se vio afectado nuestro país, sino toda la población mundial, afectando seriamente la vida de las personas, ocasionado que le economía de cada país se vea afectada y le peor de todo, la perdida de muchas vidas humanas. La Organización Mundial de la Salud, determina que se declara una emergencia sanitaria cuando se presenta alguna enfermedad grave de manera inusual, repentina, inesperada, cuya afectación puede ser no solo a nivel local sino también internacional por su rápida propagación. Los Estados deberán actuar de manera rápida y oportuna para garantizar la vida y la salud de sus ciudadanos, particularmente en nuestro país se tomaron las medidas necesarias para enfrentar esta enfermedad, medidas como la declaratoria de la emergencia sanitaria dentro del territorio nacional, medidas de bioseguridad como distanciamiento social, limpieza constante de las manos, el uso de mascarillas, pero sobre todo la utilización de decretos, como el estado de excepción en el que se suspendían algunos derechos como la libertad de tránsito, prohibición de reuniones etc. Las personas que incumplan las decisiones que eran emitidas por el Ejecutivo a través de decretos para frenar de alguna manera el contagio masivo del virus dentro del territorio nacional, eran susceptibles de ser procesadas por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, estipulado en el Art. 282 del Código Orgánico Integral Penal. Ante lo cual considero que no todas las conductas o desobediencias que se producían en la emergencia sanitaria era susceptibles de ser sancionadas bajo este delito, puesto que la mayoría de las personas desconocían las consecuencias jurídicas de incumplir alguna orden de autoridad competente, así mismo la mayoría de personas viven del día a día, por lo que se veían en la necesidad de salir a buscar los recursos económicos que les permitan llevar el alimento a sus hogares. Para que las conductas de las personas puedan ser procesadas es importante contar con una normativa que señale dicha conducta se encuentra prohibida, tal cual lo señala los principios constitucionales tales como: el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, 3 principio de necesidad etc. Principios que analizaremos detalladamente dentro del presente trabajo, y otros temas de igual importancia como la decisión legitima, estado de excepción, la tipicidad, que se refiere a la adecuación de la conducta a lo que se describe en el tipo penal. Es evidente que este articulo 282 del COIP, presenta un problema de interpretación, al no ser especifico a qué tipo de conductas se refiere y cuál es la autoridad competente que la emite, incumpliendo con la Seguridad jurídica al señalar que toda norma debe ser clara. Un inconveniente y no menos importante que puede generar la aplicación de este delito en situaciones de emergencia sanitaria es el hacinamiento carcelario, un problema que sufren la mayoría de los centros de detención del país. De acuerdo al portal digital de noticas PRIMICIA, con datos obtenidos por parte del SNAI, actualmente el 58% de las cárceles sufren de sobrepoblación, a pesar que el porcentaje ha disminuido a comparación con años anteriores, no deja de ser un peligro para la salud y seguridad de quienes se encuentran privadas de su libertad, más aún en circunstancias de pandemia como el covid-19, existe la posibilidad de un contagio mayor al encontrarse en espacios físicos reducidos, obstaculizando de tal manera, toda media de preparación, prevención y respuesta que debemos tener frente a una enfermedad de rápida propagación. En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron una serie de métodos y materiales que han permitido la realización de la misma, a través de encuestas y entrevistas dirigidas a profesionales del Derecho en la ciudad de Loja, con criterios claros y concisos, los mismos que sirvieron para la comprobación de los objetivos y a la fundamentación de la reforma legal al Código Orgánico Integral Penal con la finalidad de que no se les prive de su libertad a las personas que incumplan una decisión de autoridad competente en una declaratoria de emergencia sanitaria, más bien sean sancionados pecuniariamente, evitando que el hacinamiento en los centros de privación de libertad aumenten y que los recursos obtenidos por desobedecer alguna decisión puedan ser utilizados para los gastos que conlleva una emergencia sanitaria, ya sea dotando de implementos de bioseguridad a los hospitales o inclusive para la adquisición de vacunas para la población.