LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL Y SUS ALCANCES EN CUANTO AL REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)

Abstract

El problema seleccionado y ejecutado conforme la aprobación de mi Plan de Investigación, tiene importancia social jurídica en el contexto nacional, por cuanto en ninguna Ley especial ni en reglamentación alguna de Transportación Terrestre, Transito y Seguridad Vial, se reconoce el elemental derecho de protección Estatal sobre los bienes de las personas. Claramente podemos darnos cuenta que este vacio jurídico lesiona los derechos constitucionales, por cuanto a más de producirse un accidente de transito donde existen desgracias personales, se suma la destrucción de su vivienda, negocio o bienes inmuebles de personas naturales o jurídicas.

Dentro del estudio doctrinario con el aporte de varios y reconocidos juristas se efectúa un análisis de sus fundamentaciones y criterios personales, así mismo se orienta y se amplia su estudio a las disposiciones jurídicas en el contexto nacional.

Profundizando mi investigación con el aporte de criterios de varios Ministro, Jueces, Fiscales, Abogados en libre ejercicio profesional y personas perjudicadas a través de encuestas, entrevistas y casos reales donde se podrán dar cuenta que luego de producidos los daños los perjudicados han quedado en completa indefensión y abandono, no siendo equitativo que en un país de derecho y de justicia social se desampare de esta forma.Producto de la investigación de campo y de la casuística he podido determinar claramente que las aseguradoras en nuestro país que tienen convenio con el Estado Ecuatoriano, sus utilidades son excelentemente buenas, los pagos a los centros hospitalarios no los realizan en forma oportuna cayendo en mora y mala atención y que producto de los accidentes cancelan por lesiones y muerte a las personas afectadas ya sean el SOAT o el FONSAT, pero en ningún caso se ha indemnizado y pagado por los daños y perjuicios materiales los mismos que perjudican a los ciudadanos ecuatorianos que no han sido parte ni tienen nada que ver en el accidente, daños que muchas de las veces son sumamente cuantiosos dejando en la indefensión a éstas personas.