NECESIDAD DE EFECTIVIZAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza como uno de los derechos de protección de los ciudadanos el derecho a la defensa, el cual puede ser ejercido en todas las instancias, grados o etapas del correspondiente procedimiento; y reconoce también la potestad de la persona involucrada en un proceso de poder presentar en forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.

El principio antes mencionado es ratificado por el segundo artículo innumerado que consta a continuación del artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, en donde se menciona también que las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas así como a intervenir en su formación.

Las garantías constitucionales y procesales a las que se hace referencia en los párrafos anteriores, no se cumplen eficientemente en el Código de Procedimiento Penal, por cuanto ésta establece respecto de la apelación de la prisión preventiva, que de dicha medida cautelar únicamente podrán apelar el procesado y el Fiscal, y que la Sala correspondiente resolverá por el mérito de lo actuado en un plazo de cinco días de presentada la apelación. Es decir que el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 172, no establece que la Sala, como cuestión procesal previa ordene que el apelante fundamente la apelación presentada y que los argumentos que presente sean puestos en conocimiento de la contra parte, para que la Sala de apelación pueda resolver ésta con suficientes argumentos legales y jurídicos.

Al existir la omisión anterior en la norma procesal se pone en riesgo graves derechos y principios consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código de Procedimiento Penal, por lo que se ha desarrollado este estudio a objeto de demostrar de manera fidedigna la existencia de la problemática jurídica manifestada, y reunir los elementos de juicio necesarios para proceder a la elaboración de la propuesta legal correspondiente que contribuirá a garantizar de manera efectiva los derechos de las partes involucradas en un proceso penal.