EFECTIVIDAD DE LA POLÍTICA PENITENCIARIA EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS

Abstract

La presente tesis titulada: “EFECTIVIDAD DE LA POLITICA PENITENCIARIA EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS”, Es el resultado de un estudio profundo al problema actual de la crisis carcelaria que está viviendo el sistema penitenciario del Ecuador; por haberse originado amotinamientos en algunos centros de máxima seguridad, llegando al extremo de originarse asesinatos en contra de las personas privadas de libertad; por parte de otros reclusos integrantes de bandas o mafias que han dirigido dentro de las cárceles del país, a través de una delincuencia organizada; que ha vista y paciencia de las autoridades competentes, no trataron a tiempo en frenar este problema; llegando el Ejecutivo a Decretar el Estado de Excepción, y a limitar derechos de las personas privadas de la libertad para aplicar una nueva política criminal para el sistema nacional de rehabilitación social, que debe ser restructurado; considerando nuevos modelos del sistema carcelario aplicados en otras legislaciones y dictando nuevas políticas públicas que ayuden al mejoramiento de los ejes de tratamiento para lograr el fin de la pena privativa de libertad que consiste en la reinserción social de la persona privada de libertad. La política penitenciaria ha fracasado en Ecuador, deben considerarse nuevos modelos que reestructuren desde las autoridades que están obligadas garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, así como del personal del cuerpo de vigilancia penitenciaria encargados de la seguridad interna en cada centro carcelario y que están cerca de los reclusos todos los 3 días, conociendo sus necesidades que deben ser puestas a conocimiento inmediato del Director del Centro y esta a su vez al Juez de Garantías Penitenciarias; para resolver los problemas en derecho. Recordemos que el Estado ecuatoriano es el responsable de la custodia de la seguridad y de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y si llegan a sufrir vulneraciones deben responder desde el Presidente de la República, Ministros, Fiscales, Jueces, Policías, Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria; Directores de Centros, Defensor del Pueblo, Defensor, Público, entro otras autoridades que no han respondido a las necesidades urgentes del sistema de Rehabilitación Social. Pese a encontramos inmersos en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia deben prevalecer las normas constitucionales sobre las normas internas para garantizar la aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales que gozan las personas privadas de libertad; como garantía de la seguridad humana para que la sociedad pueda vivir en paz, tranquilidad, y seguridad, evitando todo tipo de infracciones penales que lesionan bienes jurídicos protegidos por el Estado. En el presente trabajo de investigación jurídica en su desarrollo se aplicaron materiales y métodos, además se aplicó técnicas de encuestas y entrevistas, resultados que sirvieron para formular un proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que los responsables de la inobservancia sean reprimidos y obligados a indemnizar por la negligencia en sus funciones de gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados.