LA FALTA DE SANCIÓN AL SECUESTRO DE PERSONAS DETENIDAS Y CUSTODIADAS POR LOS AGENTES DE LA FUERZA PUBLICA CON EL FIN DE EVITAR SU JUZGAMIENTO

Abstract

La presente tesis constituye el informe final del proceso de investigación realizado motivada en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador en el que estipula que todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegura el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas; del numeral 2, ”se presumirá la inocencia de toda persona; y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. Tomando en cuenta que el articulo 3 en su numeral 8 manifiesta que “es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”. En el numeral 4 del artículo 83 indica que “son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley colaborar con el mantenimiento de la paz y la seguridad” todo los artículos mencionados me han servido para el desarrollo de esta investigación, el mismo que me ayuda a demostrar ante la sociedad, que el actuar de la sociedad civil contra otro personal civil se puede configurar en delito, lo cual es de mucha importancia que se tome medidas de prevención y sanción para estos acontecimientos inaceptables que se han vivido en nuestro país. También he tomado conceptos de distintos tratadistas, así como también como antecedentes de estos actos en años atrás, distintas legislaciones para el derecho comparado, un análisis fundamental de nuestra normativa 3 para encontrar el vacío jurídico que existe y la relación con la vulneración de derechos que he demostrado en la investigación. Los artículos que he mencionado para demostrar el deber del Estado a través del personal de la fuerza pública son de garantizar un debido proceso y proteger los derechos de las personas sin importar la situación y sin discriminar los sucesos y acontecimientos que vivieron o en la que se encuentre. Así mismo es indicar que el arrebato por parte de la población civil de personas que estén bajo custodia de la policía nacional para evitar la justicia ordinaria y hacer justicia por mano propia, son conductas criminales por los que deben tener una sanción, considerando los diferentes actos que lo generan y que dan cavidad a que sean sancionados con sus respectivas medidas. Considerando que, a la realidad, estamos en la época en que las leyes y reglamentos se crearon para disciplinar a la sociedad de tal manera que todo debe manejarse a lo que lo dispone y la sociedad debe saber que como ciudadanos no puede hacer justicia por mano propia y que su actuar se limita hasta donde la ley lo permita. La intervención de la sociedad en el trabajo de la fuerza pública es un problema por razones lógicas causa retraso al debido proceso a su vez el personal de la fuerza pública son víctimas de agresiones físicas. Para esclarecer este problema me enfoqué en la aplicación de métodos de investigación entre ellos el método científico inductivo, empírico. Agregando 4 encuestas realizadas a profesionales como Abogados, Jueces, Fiscales y a Docentes universitarios para obtener opiniones y conocimientos. El objetivo propuesto fue dificultoso en el desarrollo por la falta de experiencia en la realización de investigación científica, pero he logrado indicar el vacío jurídico y la desprotección existente, contra la actividad de la Fuerza Pública y que se sancione a los ciudadanos que perturben, entorpezcan e impidan la detención y juzgamiento de personas que hayan cometido delitos y contravenciones no comprobadas. De tal manera que se garantizaría un procedimiento eficaz sin la vulneración de derechos. Por ello recalco que contiene referentes conceptuales y elementos doctrinarios que permiten la comprensión de la problemática jurídica y que como resultado de este indagatorio me permitió formular como propuesta jurídica.