“La Política Criminal Ecuatoriana, Frente a un Estado Punitivo Sancionador, Contradice el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, Violentando el Principio de Mínima Intervención Penal”

Abstract

La gran transición dada en el modelo de Estado Ecuatoriano, al acoplarse a un Estado Constitucional de derechos y justicia, con la entrada en vigencia de la Constitución del 2008, abrió un panorama garantista de derechos fundamentales, especialmente al establecer la norma jerárquicamente superior como un avance jurídico en derechos, es así que las actuaciones judiciales se deben a un lineamiento humanista, así mismo las leyes especiales que predominan el control de la convivencia en sociedad y las políticas de Estado de igual manera, pasando 6 años, se derogo un Código Penal sancionador, que se quedó rezagado, dando vida jurídica a un nuevo y mejorado sistema penal, el 10 de Agosto del 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, que para muchos tratadistas y expertos juristas, debería ser un avance normativo en materia penal, resultando un Código Penal igualmente punitivo, cuyo fin es la sanción del infractor, mas no la rehabilitación ni la reinserción en la sociedad de quien ya cumplió su condena, es así que se han venido dando un sin número de opciones legislativas dentro de nuestro Estado ecuatoriano, con el fin de purgar la sociedad de quien altera el orden establecido moralmente por los mismo. El Estado Constitucional de derechos y justicia, dentro de su más poderosa norma legal, establece derechos e igualdad para todos quienes la integran, consagra principios, deberes, obligaciones y demás, pero a raíz del incremento de la criminalidad, actos vandálico delincuenciales, se ve forzado 3 actuar, pero, sin antes especificar un determinado objetivo a combatir, o es que acaso la persona miembro de una sociedad, ya nació con el instinto de delinquir, este disparo normativo penal, que sanciona el actuar antisocial, justificado por la facultad punitiva del Estado, se presenta como la única salvedad presuntamente estudiada por quienes tipifican sus criterios en normas penales. Es por ello que, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un estudio jurídico normativo, doctrinario y de la realidad que vive la sociedad ecuatoriana, para que así, se logre esclarecer, que tanto el Estado Constitucional de derechos y justifica, la Política Criminal adoptada por el mismo y los principios establecidos en la Carta Magna ecuatoriana, como el de mínima intervención penal, se ven violentados por la supuesta solución mágica que combate el incremento de la criminalidad, que es el poder Punitivo del Estado, traducido en incremento de sanciones penales ya establecidas, colocando así un sin número de posibilidades al margen de la idea de que solo las sanciones de carácter penal rehabilitan o curan a la sociedad, dejando a un lado los mecanismos extrapenales, y desmereciendo el valor del estudio de entorno social, ámbito de crianza, educación, situación económica del infractor, pues no solo el acto delictivo es merecedor de toda la atención brindada por los legisladores, sino que se debería tomar en total consideración el medio en el cual se desarrolla un posible infractor de la ley penal y así, reformar, proponer y presentar proyectos en los ámbitos de educación, salud, economía, etc., para mejorar y garantizar el Estado Constitucional de derechos, que promueve una vida digna y un buen vivir para todos dentro de la sociedad.