Los Principios de Participación Ciudadana en la Ocupación de la Silla Vacía por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el Derecho de la Democracia Representativa Directa y Comunitaria

Abstract

El presente trabajo de tesis lleva por título: " Los Principios de Participación Ciudadana en la Ocupación de la Silla Vacía por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el Derecho de la Democracia Representativa Directa y Comunitaria " el mismo que surge el interés de su desarrollo por motivo que existe inaplicabilidad de sanciones respecto a la participación ciudadana en el uso de la Silla Vacía por ende existe la vulneración de los principios constitucionales de participación ciudadana. El mecanismo de participación ciudadana denominado la “silla vacía” busca garantizar el derecho de participación que tiene el ciudadano común de ser parte de las decisiones que tomen las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados para buscar la solución de las necesidades de interés general que tenga la ciudadanía. Al existir este incumplimiento provoca la desigualdad de los derechos y oportunidades de los ecuatorianos en la vida pública de país, ya que no se está cumpliendo con lo emanado de la ley suprema. En el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización en su artículo 312 establece una sanción por el incumplimiento de las disposiciones relativas a la participación ciudadana. La inaplicabilidad de mencionada sanción impide que el derecho fundamental de participación 3 que tiene la ciudadanía quede en letra muerta. En la investigación se ha demostrado que existe un desinterés absoluto de parte de las autoridades municipales al impedir el participar de los ciudadanos, ya que existen trabas que impiden hacer uso de este mecanismo. Y es considerable que el consejo de participación ciudadana se le brinde poder coercitivo para sancionar las faltas que se dan al incumplirse a dar uso a la silla vacía. Ya que en el país debe haber reglas claras para cumplir con el objeto de la democracia directa caso contrario quedaría en intenciones y las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados manejarían a su libre arbitrio con preferencias y discriminaciones de índole político perjudicando el principio constitucional de participación ciudadana.