Insuficiencia jurídica del código orgánico integral penal, con relación a los agentes de inteligencia militar, puedan ser considerados como agentes encubiertos dentro de una investigación penal, necesidad de inserción.

Abstract

El Código Orgánico Integral Penal, en el Artículo 273, refiere a los agentes encubiertos, actividad investigativa que está al mando de la Fiscalía General del Estado, actividad que le corresponde realizar en base al principio de necesidad y con el apoyo del personal del Sistema Especializado de Investigaciones Medicina Legal y Ciencias Forenses, que ésta integrado por miembros de la Policía Nacional del Ecuador y personal civil. Tomando en consideración que las actividades que realizan los Agentes Encubiertos, se originan de operaciones especiales de inteligencia, que nació básicamente de la inteligencia militar, en donde los Agentes de Inteligencia Militar, están preparados para velar por el bienestar y seguridad del Estado, ya que desde su formación académica se manejan dentro de los siguientes conceptos: No obstante de ello, pese a la alta preparación que disponen los Agentes de Inteligencia Militar, en el ámbito de las investigaciones en los espacios acuáticos, terrestres y aéreos, donde su accionar sería de gran utilidad jurídica, ya que disponen de técnicas y procedimientos especiales para determinar actividades ilícitas, hoy en día el trabajo de FFAA, pese a tener sus unidades de Inteligencia Militar Conjunta, no está imbuido de legitimidad y mucho menos de legalidad, ya que la ley no les autoriza realizar dichos trabajos subterráneos, ya que no son tomados en cuenta por las autoridades Juez o Fiscal, para que apoyen directamente con la justicia. Los Agentes de Inteligencia Militar, al momento de detectar las actividades ilícitas que realizan las organizaciones delictivas comunes y organizadas, proceden a solicitar a las autoridades judiciales pertinentes, realicen los respectivos trámites legales que en este caso correspondería solo bajo la figura legal de “Flagrancia”, ya que las actividades de inteligencia como son Vigilancias, Seguimientos, Fotografías, Filmaciones, Audios etc, en el caso de los Agentes de Inteligencia Militar, no fueron ordenados ni aprobados por un Fiscal o Juez, por lo tanto no disponen de Legitimidad, pero si son llamados a participar dentro del proceso legal de juzgamiento. Al estar dentro del proceso legal, los Agentes de Inteligencia Militar, son expuestos a condiciones vulnerables que atentarían en contra de la integridad física y de su vida, ya que serían objetos de represalias, sin tomar en consideración lo que establece el Artículo 273, del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia y sanciona a la persona que comete el delito de Revelación de identidad de un agente encubierto, informante, testigo o persona protegida, pero en el caso de los Agentes de Inteligencia Militar, no son favorecidos con esta protección, ya que no fueron considerados como Agentes Encubiertos. Dentro del mismo Artículo 273, del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona a la persona que indebidamente revele la real o nueva identidad, el domicilio o paradero actual u otro dato que permita o dé ocasión a que otro conozca información que permita identificar y ubicar a un agente encubierto, informante, testigo o persona protegida, la sanción no es ejemplar, tomando en cuenta que el Agente de Inteligencia Militar y en algunos casos el agente encubierto, informante, testigo o persona protegida, cuando es descubierta por las organizaciones delictivas a quienes se les realiza las operaciones encubiertas, por lo general son asesinadas, motivo por el cual la sanción debería ser más drástica. La Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece la existencia de la Secretaría Nacional de Inteligencia en el Ecuador, regula todo el accionar de las acciones de inteligencia, dicta los lineamientos para la investigación de temas de seguridad pública y del Estado. Su misión es asegurar la convivencia pacífica dentro del territorio nacional y el respeto a zonas de seguridad nacional como las fronteras o el espacio aéreo. Es la entidad responsable de cumplir los objetivos del Sistema Nacional de Inteligencia; elabora el Plan Nacional de Inteligencia y lo ejecuta. En definitiva, es el organismo que lleva a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.