Inadecuada contemplación de las medidas cautelares alternativas, por contravenir el principio constitucional de seguridad jurídica en el código de procedimiento penal.

Abstract

El Derecho Penal y sus diferentes Figuras Jurídicas, a decir de las tendencias actuales de las ciencias penales, constituyen la fuente de los aspectos o principios del Derecho punitivo, que son esenciales en la estructura jurídico – legal del Estado, en lo que a la estructura de proceso penal presentan los estudiosos en la materia. La importancia y trascendencia del problema jurídico planteado, sobre la inadecuada contemplación de las medidas cautelares alternativas, por contravenir el principio constitucional de Seguridad Jurídica, en el Código de Procedimiento Penal, quiero referir lo que el pueblo soberano del Ecuador, aprobó en la Consulta Popular de Mayo del 2011, en donde, la posterioridad del caso en cuestión, merece la intervención de la legislatura, misma que incorporó las medidas alternativas, ahora tienen una responsabilidad aun mayor, pero en qué consiste la pregunta referente a las medidas cautelares, esto hizo necesario el estudio que verifique la adecuación de una normativa legal para castigar este móvil y el tipo penal, en la legislación nacional, mediante sanciones incluso de mayor rigurosidad con la novedosa intervención de este modus – operandi. El Contenido teórico y la investigación empírica en el desarrollo de la investigación jurídica, contiene los presupuestos fácticos, que permitieron delimitar con precisión el aporte de la verificación de los objetivos propuestos y la fundamentación de la propuesta, con el apoyo de la bibliografía literaria, que coadyuvaron a los cambios formulados, como fuente importante de un estudio serio y adecuado. Este trabajo de investigación científica, lo presento como un presupuesto que nace del esfuerzo intelectual, en donde aparecen directrices de carácter científico y metodológico que interpreta la investigación en su conjunto, sobre la fórmula de adecuar en el Código Penal, una disposición que sancione el uso indiscriminado de la informática en el fraude contra los delitos contra la propiedad, que permita minimizar este medio de participación delictiva, en las personas de sus autores, cómplices y encubridores.