Improcedencia del abandono en materia penal al no existir el oportuno despacho a las solicitudes de las partes.

Abstract

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “IMPROCEDENCIA DEL ABANDONO EN MATERIA PENAL AL NO EXISTIR EL OPORTUNO DESPACHO A LAS SOLICITUDES DE LAS PARTES” es así que el objetivo de este Trabajo de investigación está orientada al análisis jurídico y crítico de los procedimientos y reclamos en la aplicación de la funciones de la Función Judicial, así como también establecer una reforma jurídica al Código Orgánico Integral Penal, por abordar un tema de la realidad jurídica y social ecuatoriana, al permitir el abandono del proceso si este no se cumple con todas sus diligencias, y en especial si el juez y todos lo que están inmersos dentro del mismo no despachan las peticiones presentadas. La normativa penal actual que regenta la actividad social en el Ecuador, establece en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, varias figuras novedosas que son aplicadas a través del sistema oral acusatorio, pero respecto del abandono en las causas de acción privada, esta normativa evidencia falencias las mismas que violan principios y garantías constitucionales, como me permito exponer a continuación. El Art. 651 del Código Orgánico Integral Penal, establece que procederá el abandono si el querellante deja de impulsarla por treinta días, contados desde la última petición o reclamación hecha al juzgador, lo cual en la práctica conlleva a que el querellante esté obligado a presentar inoficiosos escritos periódicamente so pena de que la causa caiga en letargo y por consiguiente sin otro motivo que la supuesta falta de impulso por más de 30 días, el juzgador pueda dictar el abandono de la causa y el consiguiente archivo de la misma sin que exista por lo menos la posibilidad de que se pueda apelar de tal decisión. Lamentablemente los jueces de Garantías Penales en el Ecuador, lejos de hacer un análisis jurídico y constitucional de los alcances de esta norma dictan el abandono de las causas penales sin más razonamiento del cálculos de los 30 días sin presentación de escritos por parte del querellante lo cual a mi criterio viola a todas luces el principio constitucional a la seguridad jurídica y a la defensa. Resulta muy frecuente en la práctica que el querellante presenta peticiones a fin de dar real impulso al trámite propio de la acción privada dependiendo del estado en que se encuentre la causa, peticiones que por lo general no merecen el despacho oportuno dentro de 30 días, haciendo que este incumplimiento a las obligaciones de los servidores judiciales, sean imputables a los querellantes pues dicha irresponsabilidad en teoría genera el abandono de la causa aunque resulte increíble o inexplicable. El problema jurídico expuesto causa violaciones a los más elementales derechos y garantías constitucionales de las partes procesales y fundamentalmente a quienes acceden a la justicia a fin de hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos ante el órgano jurisdiccional. La presente tesis de Investigación Jurídica se encuentra estructurada de la siguiente manera: En primer lugar un Marco Conceptual, que comprende conceptos y definiciones del Sanciones, de suspensión condicional, entre otros conceptos que darán mayor realce al tema propuesto; un Marco Doctrinario, que abarca las doctrinas de los tratadistas y estudiosos sobre el cómo no permitir el cierre de un proceso por no haberlo despachado por la autoridad competente. Marco Jurídico, que comprende al análisis de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial y luego tenemos una Legislación Comparada, ya que me sirvió para realizar un análisis de la materia de otros países y poder extraer lo más positivo. En segundo lugar el trabajo investigativo comprende un estudio de campo en el que se desarrollan encuestas y entrevistas a los conocedores del derecho en el que me ayudan a determinar o contrastar los objetivos e hipótesis planteada. En tercer lugar luego del análisis de la investigación de campo se procedió a las conclusiones y recomendaciones y por último a una propuesta jurídica necesaria para la solución del problema planteado.