Incongruencias jurídicas de la propiedad privada con respecto a la función social y ambiental que estipula la constitución de la república del Ecuador y su necesidad de reforma.

Abstract

El problema que se presenta en la actualidad dada la vigencia de una nueva Constitución, es la concepción que se tenga de lo que es función social y ambiental de la propiedad privada, por cuanto no existe norma jurídica que determine las condiciones que debe reunir la propiedad privada para cumplir con la función social y ambiental. La inexistencia de norma jurídica es el factor que origina la inseguridad jurídica respecto del derecho a la propiedad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas; por cuanto deja a la libre interpretación de las personas que se encuentran en el poder de decidir cómo se va a cumplir esa función social y ambiental de la propiedad, sin la intervención de ninguna norma sino tan solo del criterio de quien se encuentra en el poder público. La inexistencia de la norma jurídica puede traer consecuencias de considerables dimensiones y es que quien garantiza entonces la correcta aplicación de la función social y ambiental de la propiedad privada, y, más aún quién garantiza la vigencia del derecho a la propiedad privada. No podemos depender de una condición que imponga la norma constitucional a los habitantes del Estado, que en este caso la condición sea “función social y ambiental” que debe cumplir la propiedad privada para que sea garantizada por el Estado, sin que la misma norma constitucional o en su defecto una norma jurídica secundaria prevea los siguientes aspectos: “Que es la función social y ambiental que debe cumplir la propiedad, como se cumple esa función social y ambiental, quien es el encargado de vigilar el cumplimiento de la función social y ambiental y cuáles son las condiciones que la propiedad debe reunir para cumplir la denominada función social y ambiental La implementación de normas jurídicas orientadas a suplir este vacío jurídico es necesario e imperante, dado el momento político-jurídico-social que estamos atravesando; para terminar de una vez con esta norma constitucional que deja la puerta abierta, a la arbitrariedad de la autoridad que se encuentra en el ejercicio del poder; conforme su ideología, orientación política, e incluso cuestiones personales, que pueden repercutir en el momento de determinar si una propiedad especifica cumple o no con la función social y ambiental que la Constitución exige.